La Fiscalía ordena la detención del activista Nabil Rayab durante un periodo de siete días

Rayab, uno de los activistas más conocidos en el mundo árabe, anunció el miércoles a través de un 'tuit' que había sido puesto en libertad tras una sesión y que volvería a los tribunales el 23 de enero de 2017.

Horas después, el fiscal general bahreiní afirmó que permanecerá bajo custodia debido a otra investigación sobre la publicación de "rumores falsos que socavan la reputación del régimen".

Varias ONG han denunciado la situación durante la jornada, reclamando a las autoridades que liberen "inmediatamente" al activista y que retiren los cargos que pesan contra él.

Rayab fue detenido en junio de 2016 por unos 'tuits' en los que sugería que las fuerzas de seguridad habían torturado a los reclusos de una prisión en Bahréin.

También está siendo investigado por pedir a los países occidentales a través de una carta en el diario francés 'Le Monde' que reconsideraran su apoyo a las monarquías del golfo Pérsico, ya que alentaban el extremismo islamista.

El activista fue uno de los principales símbolos de la sublevación a favor de la democracia liderada por la mayoría chií del país en 2011 y, desde entonces, ha sido detenido en múltiples ocasiones.

Las autoridades del país niegan los abusos sistemáticos por parte de la Policía y alegan que se han instalado cámaras en los centros de interrogatorios para vigilar cualquier mala conducta del personal de seguridad.

LAS PROTESTAS PRODEMOCRÁTICAS

Bahréin, aliado de Estados Unidos y las monarquías del Golfo, ha reprimido violentamente las protestas prodemocráticas registradas en su territorio desde 2011.

En dicho contexto, impuso la Ley de Seguridad Nacional en marzo de 2011, lo que conllevó la entrada de tropas saudíes y emiratíes en el país para aplastar las protestas.

La oposición ha denunciado en reiteradas ocasiones las medidas violentas utilizadas por las fuerzas de seguridad y ha afirmado que han fallecido más de 80 personas desde el inicio de las protestas, la mayoría de ellas por inhalación de gases lacrimógenos y atropellos de vehículos policiales.

Desde el inicio de las manifestaciones, cientos de personas han sido condenadas a penas de cárcel por su presunta pertenencia a organizaciones terroristas, así como por participar en manifestaciones o disturbios.