Fiscalía acusa a expresidente Saca de millonario desvío de fondos

En un hecho sin precedentes, la fiscalía salvadoreña acusó este lunes al detenido expresidente Elías Antonio Saca y seis de sus colaboradores de haber desviado 246 millones de dólares, parte de los cuales fueron cobrados en efectivo, según una investigación del recién creado Grupo Contra la Impunidad (GCI).

El sorpresivo anuncio lo hizo el fiscal general, Douglas Meléndez, durante una rueda de prensa en la que reveló que las elevadas sumas de dinero fueron tomadas de una cuenta del erario nacional.

"Hay un monto general de 246 millones (de dólares) que fueron desviados a una gran cantidad de cuentas particulares a favor de unos imputados", declaró Meléndez.

"Hemos determinado que por lo menos 116 millones fueron cobrados en efectivo; de las cuentas del Estado fueron remitidas a cuentas particulares de empleados de casa presidencial y posteriormente fueron remitidas a cuentas de empresas", agregó.

Los 246 millones, según la Fiscalía, fueron distribuidos en tres cuentas, una del exsecretario privado de Saca, Elmer Charlaix, y de los colaboradores administrativos Pablo Gómez y Francisco Rodríguez Artiaga.

Sobre los 116 millones cobrados en efectivo, el fiscal aseguró que "lo tenemos establecido" (documentado) y que fueron cobrados por Saca, Charlaix, Rodríguez, que era jefe de la unidad financiera de casa presidencial, y Gómez (contador).

Saca, de 51 años, quien fue detenido el fin de semana, gobernó entre 2004 y 2009 bajo la bandera de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha), pero tras su mandato fue expulsado del partido.

El expresidente y los otros seis implicados en el caso, todos detenidos, afrontan cargos por los delitos de peculado, agrupación ilícita y lavado de dinero.

El fiscal hizo un "llamado muy respetuoso" a los jueces que lleven este proceso para que hagan un análisis "objetivo y correcto" de las pruebas que presentará la Fiscalía, incluidos documentos, informaciones de cheques y de bancos, con el fin de dar una respuesta "a la altura" del caso.

Dijo además que "algunas personas" presuntamente vinculadas al caso han abandonado El Salvador y pidió a los otros países que no les concedan asilo, si lo solicitan, porque no se trata de perseguidos políticos.

También hizo un llamamiento a los bancos del país para que no se presten a realizar "transferencias de última hora" de los imputados o de personas vinculadas a los mismos.

Además anunció que ya hizo "inmovilizaciones" de algunos bienes y cuentas en el marco de la investigación del GCI, que "sigue abierta" y que se denominó "Destape a la Corrupción".

Como parte de las indagaciones, este lunes comenzaron los allanamientos de negocios vinculados a un primo de Saca, y además serán investigadas las empresas que resulten mencionadas en un informe de la Fiscalía.

Ante las revelaciones de la Fiscalía, organizaciones civiles y analistas demandan vigilancia del proceso para que no e desvanezca en el cuestionado sistema judicial salvadoreño.

"Me parece que lo que está sucediendo en El Salvador contra la corrupción debió haber sucedido antes, ahora debemos estar vigilantes del proceso judicial para que haya un castigo ejemplar", declaró a la AFP el coordinador de la Comisión de Derechos Humanos, Miguel Montenegro.

Tras destacar los esfuerzos del fiscal por revertir "la histórica corrupción" del país, Montenegro dijo confiar en que el caso "no sea una llamarada de tuza" (un escándalo sin consecuencias).

Por su parte, la Alianza Social por la Gobernabilidad y la Justicia aplaudió en un comunicado la detención de Saca y adelantó que se declarará parte querellante en los casos de corrupción.

Para el analista y exdirector de la Asociación Nacional de la Empresa Privada, Juan Héctor Vidal, la Fiscalía ha dado un "paso muy importante" porque "la corrupción es como una banda sin fin que se va trasladando de gobierno a gobierno".

Este lunes, el fiscal denunció haber sentido "presiones" por la apertura de una investigación contra Saca, pero advirtió que "no vamos a retroceder y vamos a continuar ejerciendo nuestras facultades".

Además de Saca, la Fiscalía investiga al expresidente izquierdista Mauricio Funes (2009-2014), por no justificar 728.000 dólares.

Funes, del gobernante Frente Farabundo para la Liberación Nacional (FMLN), recibió el 6 de septiembre asilo en Nicaragua con el argumento de que corría "peligro su vida e integridad física y la de su familia".

Funes fue quien comenzó con las denuncias de corrupción contra los antiguos gobernantes, tras asumir el primer gobierno de izquierda y en 2013, cuando pidió investigar al expresidente Francisco Flores (1999-2004), fallecido en enero pasado.

Flores, también de Arena, afrontaba un juicio por peculado y enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, por una presunta apropiación de 15 millones de dólares donados por Taiwán para damnificados de los terremotos de 2001.

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