Fiscalía investiga a 712 alcaldes y les cita bajo apercibimiento de detención

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, ha ordenado a las fiscalías provinciales de las cuatro provincias catalanas que incoen diligencias contra los 712 alcaldes catalanes que han firmado un decreto para poner a disposición de la Generalitat dependencias municipales para el referéndum independentista del 1-O. La instrucción manda a sus subordinados que tomen declaración a todos los regidores y que, en caso de no comparecer, ordenen su detención.

La instrucción se basa en un listado de municipios publicado por la Asociación de Municipios por la Independencia con todos las localidades que aceptan colaborar en la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional. El escrito de Maza ordena a los fiscales que abran diligencias de investigación en cada uno de los ayuntamientos correspondientes a su provincia y citen por vía policial a cada uno de los 712 alcaldes para que declaren en calidad de investigados (imputados) asistidos de abogado.

“En caso de que el alcalde citado no comparezca”, procede el escrito, el Ministerio Público deberá “acordar su detención”. Esa detención debe ser llevada a cabo por los Mossos d’Esquadra “como policía judicial en el plazo más breve posible. Por último, establece que, “a la vista del número de municipios afectados”, se procederá a dar preferencia “a las diligencias que afecten a los Ayuntamientos de mayor volumen de población”.

El documento considera que “cualquier conducta de autoridades, funcionarios públicos o particulares en connivencia con los anteriores” dirigida a la organización del referéndum, “es indiciariamente constitutiva” al menos de los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, los mismos delitos imputados al Govern de la Generalitat y a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los miembros de la Mesa que acordaron tramitar las leyes del referéndum y de transitoriedad hacia la república catalana.

De las cuatro capitales, solo Girona ha firmado el decreto. Pero también se encuentran otras poblaciones importantes como Vich, Manresa, Martorell, Vilanova i la Geltrú, Villafranca del Penedès (todos ellos en la provincia de Barcelona) y Reus (Tarragona), entre otras. En caso de que se judicialicen las diligencias de Fiscalía, el caso tocará a los juzgados correspondientes a cada uno de esos municipios, al corresponder a esos órganos territoriales y no a la Audiencia Nacional su instrucción.

Por otra parte, las Fiscalías Provinciales de Barcelona, Tarragona, Lleida y Girona han cursado instrucciones a fin de que las Policía Locales de los Ayuntamientos catalanes, conforme a los artículos 11 y 12 de la Ley 16/1991, de 10 de julio, de Policía Locales de Cataluña, como policía judicial procedan a investigar cualesquiera hechos encaminados a organizar el referéndum ilegal y a intervenir los efectos o instrumentos destinados a prepararlo o a celebrarlo.