Primeras querellas de la Fiscalía contra los alcaldes de Vilanova y Premiá de Mar

Enviaron mensajes a municipios catalanes invitándoles a prestar sus edificios para el referéndum independentista del 1-O, trataron de dar cobertura legal a esa consulta paralizada por el Constitucional y animaron a sus responsables a pegar carteles para fomentar la participación y solicitar el ‘sí’. Esos hechos, según la Fiscalía Superior de Cataluña, serían constitutivos de desobediencia, prevaricación y malversación de caudales públicos, según la querella contra la alcaldesa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, y el de Premiá de Mar, Miquel Buch (Junts pel Sí) que ese organismo ha presentado ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).Aprobación del referéndum 

Con esas conductas, según la querella, ambos alcaldes, como máximos responsables de sus respectivas asociaciones -Lloveras de la Associació de Municipis per la Independència (AMI) y Buch de la Associació Catalana de Municipis (ACM), “han puesto de manifiesto su total desprecio ante los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional (…) dictando las correspondientes resoluciones administrativas abiertamente ilegales y comprometiendo con ello una pluralidad de recursos materiales con una clara finalidad delictiva”. Es decir, “han contribuido con actos concretos y determinados a la promoción, organización y celebración de un referéndum que pretende socavar el orden constitucional”.

El día de la aprobación en el Parlament de la ley del referéndum (el pasado 6 de septiembre), ambos regidores enviaron un correo electrónico a todos los alcaldes de Cataluña en el que les animaban a poner a disposición de la Generalitat sus locales municipales. El escrito llevaba, incluso, la fórmula con la que hacerlo: “Nos damos por informados y confirmamos la disponibilidad”. También enviaron un modelo de decreto de alcaldía para manifestar el pleno apoyo a la consulta y a la ley que la regula.

El pasado 10 de septiembre, ambos regidores enviaron a sus compañeros de otros municipios un informe de SITxCAT, una organización integrada por secretarios, interventores y tesoreros de la administración local catalana, en el que se defendía la legalidad del proceso. “En un momento de gran trascedencia para nuestro país, necesitamos seguridad jurídica”, decía el texto del mensaje que precedía al referéndum. SITxCAT es una organización sectorial vinculada a la independentista Asamblea Nacional Catalana.

Dos días más tarde, el 12 de octubre, volvieron a dirigirse a todos los alcaldes catalanes para comunicarles de los dos carteles elaborados por la ACM y AMI, uno para animar a la población a participar en el referéndum y otro para votar a favor del ‘sí’. El correo electrónico avisaba de que los podrían encontrar en los consejos comarcales de su territorio y añadía: "Ojo!!!! Los carteles no se pueden utilizar hasta el jueves a las 24 horas, cuando se inicia la campaña electoral”.

La querella contiene además una petición al juez que se designe como instructor sobre medidas cautelares. En concreto, el Ministerio Público reclama que se interrumpa el servicio de las páginas web de ambas asociaciones. También solicita que se advierta a todos los alcaldes de la prohibición “de imprimir, colocar o difundir por cualquier medio los carteles de fomento de la participación o a favor del ‘sí” y, en caso de que se coloquen, que el juez ordene que se retiren. Esta madrugada comienza la campaña electoral.