La justicia europea responde así a un asunto elevado por el Tribunal Mercantil de Gante (Bélgica) que tiene por objeto facturas impagadas y que enfrenta a New Valmar, una sociedad establecida en la región de lengua neerlandesa del país con Global Pharmacies Partner Health (GPPH), una sociedad establecida en Italia.
GPPH solicitó la nulidad de estas facturas al denunciar que infringían las normas lingüísticas de la comunidad flamenca que establecen que las empresas establecidas en la región deben utilizar la lengua neerlandesa para redactar, entre otros, las escrituras y documentos que exija la ley.
New Valmar no niega que las facturas no respetan la normativa lingüística, pero defiende que esa normativa es contraria a la normativa comunitaria y, en concreto, a las normas relativas a la libre circulación de mercancías.
En sus conclusiones, el Abogado General apunta que el hecho de que la redacción de las facturas en neerlandés tenga carácter imperativo afecta en mayor medida a las exportaciones que a la comercialización de productos en el mercado nacional, y que además, el destinatario se enfrenta a dificultades para comprender de forma inmediata los documentos.
Por lo tanto, concluye que la normativa tiene un efecto disuasorio con respecto a los intercambios intracomunitarios, no sólo para las empresas de la región flamenca que deseen exportar sus productos a otros Estados miembros, sino también para las sociedades extranjeras que deseen concluir una operación con esas empresas.
Asimismo, el Abogado General los objetivos aducidos por el Gobierno belga (la promoción de una lengua oficial y la facilitación de controles administrativos y tributarios) podrían garantizarse también con medidas "menos lesivas" para la libre circulación de mercancías.
En la misma línea, considera "primordial" que el destinatario de una factura que no domine la lengua obligatoria "tenga la posibilidad de disponer de otra versión auténtica para poder comprender fácilmente los datos que figuran en esa factura y cerciorarse de que el vendedor ha cumplido con sus obligaciones".
Por último, el Abogado General defiende que las sanciones previstas (la nulidad absoluta) no son indispensables para la realización de los objetivos de interés general expuestos por el Gobierno belga, a la vez que asegura que son "drásticas" y "claramente excesivas".
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios