Fracasa en Bolivia instalación de diálogo entre gobierno y minusválidos en huelga

La instalación de un diálogo entre el gobierno boliviano y un grupo de minusválidos que realiza una huelga desde hace seis semanas fracasó inesperadamente este jueves por la muerte de dos de piqueteros atropellados en una carretera.

Los dos manifestantes discapacitados fueron arrollados por un vehículo conducido por una mujer ebria que se lanzó sobre un piquete que cortaba una ruta en la ciudad central de Cochabamba. Otras cinco personas, entre ellas una niña de 11 años, quedaron heridas.

"Primero vamos a velar a nuestros muertos y después veremos qué se hace (..), no vamos a asistir al encuentro por lo que pasó", dijo a raíz del accidente un líder de la protesta, Alex Vásquez, en La Paz, donde un grupo hace una vigilia alrededor de la plaza de armas, sede del Ejecutivo.

"Si el gobierno quería muerte, quería caídos en esta lucha, pues ahí los tienen", agregó.

El viceministro de Coordinación Social, Alfredo Rada, denunció posteriormente que el "pequeño grupo (que mantiene las protestas) tiene fines desestabilizadores y no solamente reivindicativos". Rada mostró documentos donde consta que al menos seis dirigentes se beneficiaron con becas y puestos de trabajo con "ingresos considerables" proporcionados por el Estado.

Los discapacitados exigen quintuplicar su renta mensual de 100 bolivianos actuales (unos 14 dólares), a pesar de la negativa del gobierno.

Según la ministra de Comunicación, Marianela Paco, este grupo que aún se mantiene en protesta no asistió al menos a 15 reuniones pactadas. Otros grupos firmaron ya un acuerdo de 42 puntos con las autoridades.

El gobierno estima que un eventual aumento supondría subir el presupuesto anual para el sector de 22 millones de bolivianos (3,2 millones de dólares) a 368 millones de bolivianos (52,9 millones de dólares).

En Bolivia existen unas 388.000 personas con algún tipo de dificultad permanente, según datos de la Defensoría del Pueblo, aunque no todas reciben el subsidio mensual que asigna el Estado.