EL GOBIERNO APRUEBA EL CANON DIGITAL

El Gobierno aprobó este lunes el real decreto-ley que recupera el modelo de copia privada, que carga la compensación equitativa a los importadores y fabricantes de equipos, aparatos y soportes de reproducción.
La Asociación para el Desarrollo de la Propiedad Intelectual (Adepi) aseguró en un comunicado que los autores, artistas, editores y productores españoles "consideran una buena noticia que, a pesar de hacerlo con un año de retraso, el Gobierno adapte esta normativa al derecho comunitario, en línea con las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el 9 de junio de 2016 declaró ilegal el sistema español sufragado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, y del Tribunal Supremo de España, que el pasado 11 de noviembre lo declaró nulo".
"La aprobación de este real decreto-ley, cuyo articulado cumple con la directiva europea y la doctrina del TJUE, soluciona la situación de ilegalidad en la que se encuentra España, donde a pesar de las citadas sentencias la excepción de copia privada ha seguido vigente sin que exista un sistema de compensación equitativa, lo que ha causado un grave perjuicio a los titulares de derechos", señala Adepi.
Según esta entidad, el decreto corrige la definición y alcance del límite de copia privada, poniendo fin al problema creado por la última reforma, que había convertido en ilícitas la mayoría de copias privadas que hacen los ciudadanos.
“Agradecemos el compromiso para resolver el problema adquirido por el ministro Íñigo Méndez de Vigo y el nuevo equipo de la Secretaría de Estado de Cultura, encabezado por Fernando Benzo, así como el trabajo que están desarrollando todos los grupos políticos para que España deje de ser una excepción en Europa respecto a esta materia”, señala Antonio Fernández, director general de Adepi.
Sin embargo, dado que los importes provisionalmente asignados para reparar el daño causado y hacer efectiva la compensación son objetivamente más bajos que los de los países de nuestro entorno, quedando por debajo de la media de la Unión Europea, las entidades esperan que los mismos sean ajustados con criterios objetivos durante el desarrollo reglamentario del nuevo sistema.