(AVANCE) CATALUÑA. EL GOBIERNO PIDE LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN DEL PARLAMENT POR “VULNERACIÓN FLAGRANTE” DEL ESTADO DE DERECHO

El Gobierno que preside Mariano Rajoy aprobó este viernes un acuerdo por el que se autoriza a la Abogacía General del Estado a presentar ante el Tribunal Constitucional un incidente de ejecución de sentencia contra la resolución aprobada por el Parlamento de Cataluña, que sometió a votación el debate sobre la ‘desconexión’ del Estado esapñol, al considerar que se trata de una “vulneración flagrante” del Estado de Derecho.
Así lo comunicó la vicepresidenta y portavoz del Gobierno en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, después de que el miércoles se votasen en el Pleno del Parlament las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente.
“Esta resolución incumple claramente el orden constitucional y supone una vulneración flagrante del Estado de Derecho, por desobedecer las decisiones del Constitucional”, aseveró, para agregar que estamos ante un “desafío institucional” y una “vulneración de la Constitución y lo dictado por su máximo intérprete”.
Por ello, el Gobierno central pide que se declare “nula” y “sin ningún efecto jurídico alguno” la resolución del Parlament y se haga un requerimiento personal a todas las personalidades que han participado en este proceso para que “se abstengan de cualquier medida que pudiera dar incumplimiento de la misma”.
Al mismo tiempo, se reclama que proceda ya el Constitucional a deducir las oportunas exigencias en responsabilidad penal que pudieran corresponder a la presidenta del Parlament, Carmen Forcadell, “por incumplir el mandato de la ley orgánica del TC según el cual todos los poderes públicos están obligados al cumplimiento de que el TC disponga”.
La resolución del Parlament señala que “el pueblo de Cataluña tiene legitimidad para comenzar un proceso constituyente propio que constará de tres fases: una primera de proceso participativo; una segunda fase de desconexión con el Estado y convocatoria de elecciones; y en una tercera fase será ratificada a nivel popular por medio de referéndum”.
El Gobierno central entiende que la mencionada resolución del Parlamento catalán es contraria a la sentencia del Constitucional del 2 de diciembre de 2015, que declaró inconstitucional y nula la resolución sobre el inicio de llamado “proceso de desconexión”.
Asimismo, el Ejecutivo considera que se ha vulnerado el auto del TC del 19 de julio de 2016, en el que se advierte “a los poderes implicados y a sus titulares, especialmente a la Mesa del Parlamento, bajo su responsabilidad, de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir los mandatos enunciados”.

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