PÚNICA. LA GUARDIA CIVIL DEDUCE DE LA AGENDA DE GRANADOS QUE SE QUEDABA CON PARTE DEL DINERO QUE RECAUDABA PARA EL PP

La Guardia Civil deduce de las anotaciones hechas por el ex secretario general del PP madrileño y exconsejero de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, que se quedaba con parte del dinero que recaudaba para el partido y se lo repartía con su jefe de gabinete, Ignacio Palacios.
Según el informe de la Guardia Civil incluido en el sumario del `caso Púnica´, los dos investigados presumen de que “quien parte y reparte… (se queda con la mejor parte)”, lo que indicaría que estarían desviando cantidades destinadas al Partido Popular a cuentas propias. El informe considera comprobado que hubo financiación al PP y destaca que la última anotación se corresponde con la fecha en la que se celebraron las elecciones europeas de 2014.
Los agentes incautaron la agenda en el registro que realizaron en el domicilio de Granados y tras su análisis emitieron un informe al juez de la Audiencia Nacional que investiga el caso, Eloy Velasco. La Guardia Civil identifica asientos de entrada de dinero efectivo como “in” y los pagos como “out”.
La actividad recaudatoria de la trama, que cobraba a los constructores a cambio de recalificaciones de terreno rústico y adjudicaciones públicas, se articulaba a partir de una empresa creada expresamente de la que eran socios la esposa de Palacios, María José Marijuana; el constructor Ramiro Cid y el conseguidor de la red, David Marjaliza.
Según esas deducciones las siglas ME corresponderían a Granados, que se identificaría como “yo” en inglés. NP sería Nacho (Ignacio) Palacios; y BG, se correspondería con Beltrán Gutierrez, que declaró ante el juez dentro de la única pieza del caso que sigue bajo secreto de sumario y en la que se investiga la presunta financiación irregular del PP. De hecho, los investigadores detectan salidas de efectivo cuyo destino creen que fue el partido que preside Mariano Rajoy.
Granados estuvo haciendo anotaciones en esta libreta hasta la celebración de las elecciones europeas de mayo de 2014, tres años después de haber dejado el cargo de secretario general del partido en Madrid. El informe relata que en la agenda hay incluso apuntes que mencionan los comités electorales del PP “de 2011”.
La UCO entiende que Granados seguía siendo el encargado de cobrar las comisiones a los constructores porque su actividad se basaba en relaciones de “confianza”, lo que le convertía en una pieza esencial para el PP puesto que había sido "el encargado de mantener dicha red de contactos con los contribuyentes a la campaña".
MURCIA
De la documentación examinada, la Guardia Civil también revela que el presidente del Gobierno murciano, el popular Pedro Antonio Sánchez, había pactado pagar 32.200 euros más IVA de fondos públicos a una campaña para mejorar su reputación e imagen personal.
El dinero, según dicha documentación, se pagaba con cargo a los presuspuestos de la Consejería de Educación, de la que Sánchez era consejero cuando se produjeron las supuestas relaciones del departamento con la empresa de la 'trama Púnica´, a partir de octubre de 2014. Sin embargo, el contrato nunca fue efectivo porque la justicia comenzó a investigar esta trama de presunta financiación ilegal, según la misma fuente.
El sumario incluye un pantallazo del informe elaborado por la consultora Eico Online Reputation Management con datos sobre la imagen en las redes del presidente murciano y el presupuesto que se le entregó para hacer el trabajo.
Aunque los trabajos y los pagos no se realizaron, la UCO pide al juez que impute al político del PP un delito de fraude en contrato público por considerar probada su intención de hacer efectivo ese contrato que se suscribió por interés personal de Sánchez y no para satisfacer ninguna “necesidad pública”.
El juez Velasco tiene ahora que decidir si llama a declarar como investigado (antigua figura de imputado) al presidente murciano. Dada su condición de aforado, la causa pasaría al Tribunal Superior de Justicia de Murcia, aunque es probable que el magistrado no adopte ninguna decisión al respecto hasta después de la celebración de las elecciones generales del 26 de junio.