Galicia acogió en el año 2016 a un total de 88 personas refugiadas y "próximamente" recibirá "más", que se instalarán en Lugo y otros puntos de la comunidad.
De ello ha dado cuenta en comisión parlamentaria el director xeral de Inclusión Social, Arturo Parrado, después de que la diputada de En Marea Luca Chao señalase "el fracaso" de la UE ante la situación de "los que huyen del hambre y de la guerra".
De hecho, ha denunciado que son "miles" las personas que se ven obligadas a dormir "al raso" soportando temperaturas bajo cero y los niños que están "abandonados sin que nadie haga nada". Enfrente, ha lamentado, "muros de la vergüenza, restricción de la libre circulación de personas, detención de periodistas...".
Con la importancia de esta crisis humanitaria y la necesidad de "darle respuesta" ha coincidido el alto cargo de la Xunta, quien ha destacado la "rapidez" con la que ha actuado el Gobierno gallego y el carácter "solidario" de nuestra tierra.
Tanto es así que ha lamentado que Galicia no haya podido acoger por el momento a "más" refugiados, pero ha avanzado que pronto llegarán otras personas en esta circunstancia a España.
ATENCIÓN A REFUGIADOS EN GALICIA
En concreto, ha apuntado que en "próximas semanas" vendrán otras 1.800 personas procedentes de Grecia, Italia y Turquía y que algunos de ellos --no ha concretado la cifra-- tendrán en nuestra comunidad su destino.
En cuanto a la atención que reciben, Parrado ha indicado que la primera fase supone ayudarles con los trámites necesarios y darles cobertura económica, una vivienda, cobertura sanitaria, educativa y de servicios sociales municipales.
Tras los primeros seis meses, la segunda fase persigue la integración de los refugiados, que pasen a ser "unos gallegos más". Así, durante un año o año y medio se trabaja con ellos para ofrecerles orientación y conseguir su inserción laboral.
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO
A renglón seguido, en la misma comisión parlamentaria se ha aprobado una proposición no de ley del PPdeG para pedir a la Xunta que apruebe un decreto regulador de la cooperación al desarrollo que facilite la gestión de las ayudas por parte de las ONGD.
Se trata, como ha explicado el diputado popular Alberto Pazos, de "facilitar" la justificación de las subvenciones por parte de las asociaciones que trabajan sobre el terreno.
Su iniciativa ha recibido el voto favorable de En Marea y BNG, mientras el PSdeG ha optado por la abstención al no ser asumida su enmienda por el grupo mayoritario. En su texto --que fue compartido por la oposición-- demandaba que la gestión de estas ayudas se regulase por ley y que se urgiese al Gobierno central la elaboración del nuevo plan director de la cooperación.
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