En concreto, la energética española reclamará en su demanda unos 1.000 millones al Gobierno colombiano en concepto de los perjuicios causados por la decisión adoptada sobre Electricaribe, compañía en la que posee con una participación del 85,38%.
El pasado martes, tras la decisión de las autoridades colombianas de liquidar y vender Electricaribe, Gas Natural Fenosa ya señaló que no le quedaba "otra alternativa" que recurrir a los tribunales internacionales de arbitraje.
Gas Natural Fenosa ya había decidido desconsolidar su participación en Electricaribe y reclasificar la filial como activo financiero con un
valor contable de 475 millones de euros, aunque había señalado que la reclamación internacional se haría por la totalidad de su valor, "que es muy superior".
En paralelo a este paso de acudir a los tribunales arbitrales internacionales, la compañía presidida por Isidro Fainé también expresó su voluntad de seguir negociando con el Gobierno de Colombia para alcanzar un acuerdo que, "dotando a la empresa colombiana de un marco regulatorio adecuado, establezca la necesaria regulación jurídica y económica que le permita continuar operando Electricaribe, y llevar a cabo las inversiones convenientes".
La energética estima que su filial en Colombia arrastra un "gravísimo" problema de morosidad y fraude que le ha llevado a alcanzar una deuda de sus clientes superior a los 1.300 millones de euros.
A finales del año pasado, la deuda de los clientes protegidos a los que es imposible cortar el suministro por imperativo legal superaba los 350 millones de euros. A estos importes se suman fraudes por importe superior a los 100 millones de euros anuales.
Electricaribe fue adquirida por Unión Fenosa en 2000, y en 2009 Gas Natural compró Unión Fenosa. Desde entonces, y pese a no dejar de advertir de la mora y el fraude de la filial, se han invertido desde España en Electricaribe más de 800 millones de euros, "y jamás se ha cobrado ningún dividendo", según la compañía.
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