El Gobierno de Cantabria se ha puesto a disposición de la Fiscalía para aportar toda la documentación adicional que precise, después de que este jueves agentes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) se llevasen expedientes administrativos de homologación de centros de formación para el empleo.
También se han llevado documentación sobre la puntuación otorgada a los centros de formación desde 2007 en concepto de accesibilidad universal de sus instalaciones.
Sin embargo, el bipartito no se plantea abrir una investigación interna porque no ha recibido ninguna denuncia con pruebas. A la vez, traslada su "tranquilidad" y su voluntad de "absoluta transparencia". "Si hay alguna irregularidad, que se proceda", han señalado a Europa Press fuentes de la Consejería de Economía y Hacienda.
Los agentes de la Udef se han llevado expedientes del Servicio Cántabro de Empleo, la Consejería de Presidencia y el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICCAS), en este último caso sobre temas relacionados con la accesibilidad de los centros de formación, que parece ser el motivo de la denuncia que investiga la Fiscalía.
"Se les ha facilitado toda la información que nos han solicitado, y nos hemos puesto a su disposición si necesitan algo más", han explicado las mismas fuentes.
En un comunicado de prensa posterior, el Gobierno ha destacado que "tanto los responsables como los funcionarios que trabajan en los citados organismos han colaborado activamente con los miembros del Cuerpo Nacional de Policía para, conjuntamente, recabar toda la documentación solicitada, buena parte de ella custodiada ya en los archivos definitivos de la Administración regional".
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