Para iniciar los trabajos se ha constituido ya una Comisión, presidida por Guillén, en la que, dado el carácter transversal que se pretende imprimir al proyecto, se van a coordinar en su seno miembros de la Presidencia del Gobierno de Aragón y de los Departamentos de Presidencia y Educación, Cultura y Deporte, además de otras personas conocedoras de este ámbito legal.
"Parece inaplazable y razonable la redacción de una Ley autonómica que permita avanzar en la senda del conocimiento de los hechos y circunstancias ocurridos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, en aras al reconocimiento y reparación de los aragoneses que fueron víctimas de violencia y represión en ese contexto trágico de nuestra historia", ha explicado Vicente Guillén.
Ha agregado que es un deber de la administración mirar de frente a este asunto y asumir la gestión de las políticas públicas de la memoria en toda la extensión que sea posible. "El ciudadano tiene el 'derecho de memoria', y la administración tiene sin duda el 'deber de memoria'".
Asimismo, ha considerado que es preciso abordar este asunto desde la complejidad que ofrece el caso aragonés, atendiendo a la particularidad de la existencia de un frente de guerra estable, y las huellas e impactos diversos que ese hecho dejó en la gestión de la memoria pública y privada.
"Asumir esa complejidad requiere dejar atrás los estereotipos de la equidistancia moral, y superar el tratamiento asimétrico que se ha dado a las diferentes víctimas durante décadas. Queremos plantear el diseño de políticas públicas de memoria de amplio espectro, animados por la convicción de que a través de estas mismas políticas estamos favoreciendo el fortalecimiento de nuestra democracia", ha remarcado.
A PRINCIPIOS DE 2017
El Gobierno de Aragón quiere, en un principio, conocer las características de las leyes autonómicas en esta materia para una vez estudiadas iniciar la elaboración de un primer texto, que podría estar listo a principios de 2017.
Tras los consiguientes procesos de alegaciones y de participación pública, la intención es poder presentar un Proyecto de Ley a las Cortes de Aragón antes del verano de 2017, una vez que superase el trámite de su paso por el Consejo de Gobierno.
La Ley, ha señalado el Gobierno de Aragón, quiere sustentarse en tres pilares: "Verdad, justicia y reparación". Se contempla además, para hacer cumplir la norma, la elaboración de un régimen sancionador que penalice, por ejemplo, el incumplimiento en materia de retirada de símbolos y elementos franquistas de los espacios públicos.
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