Este asunto, llevado al Pleno por la portavoz de Ciudadanos, Pilar Vicente, ha sido objeto de un breve debate en el que los concejales han aportado datos generales sobre la corrupción en España o han discutido sobre la aprobación en las Cortes de Castilla y León de una Ley con contenido similar con acuerdo entre el Partido Popular y la formación 'naranja', pero a penas se han referido a los presuntos casos de corrupción denunciados en la ciudad como la modificación de artículos del PGOU o el caso 'Samaniego'.
De hecho el texto propuesto por Vicente tiene la misma formulación que el título de la Ley aprobada el pasado 11 de noviembre en el Pleno de las Cortes, por lo que el portavoz del Grupo Socialista ha reprochado que el PP y Ciudadanos han sido "los únicos que están contentos" con la aprobación de la normativa regional, al tiempo que ha reflexionado que están "más preocupados" por el "qué" que por los motivos que originan el texto.
Así, los socialistas han propuesto una enmienda de sustitución de la moción con un texto que se limita a instar al Congreso de los Diputados a aprobar un texto consensuado por los grupos parlamentarios planteado como una Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, propuesta presentada por Ciudadanos. Además instan a las Cortes a modificar la Ley aprobada recientemente para que la Administración pública "dé curso" a las informaciones que reciba sobre casos de mala praxis o supuesta corrupción
Este ha sido el acuerdo que ha salido adelante en el Pleno municipal con los votos a favor de PSOE, Toma la Palabra y Sí Se Puede, por lo que la edil de Ciudadanos ha lamentado que, a través de la enmienda de sustitución, hayan "quitado todo el sentido" a su propuesta, al tiempo que ha reprochado que si procediera de "otro grupo político" el equipo de Gobierno la habría respaldado.
Cabe recordar que existen al menos dos casos abiertos en los judiciales con denuncias sobre presunta prevaricación en el Ayuntamiento de Valladolid durante los gobiernos del Partido Popular, como la modificación irregular de artículos del Plan General de Ordenación Urbana en 2003, con un exconcejal y varios funcionarios investigados; y el las adjudicaciones a empresas vinculadas al exjefe de Mantenimiento, Luis Alberto Samaniego.
En el debate se han destacado aspectos como el coste que, según los datos aportados por la portavoz de Sí Se Puede, Charo Chávez, tiene la corrupción en el Estado Español, con "unos 48.000 millones de euros al año", al tiempo que ha señalado que "el 80 por ciento de los españoles cree que el Gobierno del PP no ha hecho lo suficiente" para actuar contra estos casos.
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