El Gobierno no anunciará las medidas que adoptará para frenar la independencia de Cataluña para evitar el victimismo

De hecho, hoy mismo el presidente de la Generalitat catalana, Carles Puigdemont, ha exigido saber si el Estado está dispuesto a utilizar "la fuerza" contra el proceso soberanista, después de acusar al Ejecutivo de Mariano Rajoy de subir el tono de sus declaraciones.

"Ha llegado la hora de que el Gobierno español diga qué significa estar dispuesto a todo. ¿A utilizar la fuerza?", ha espetado en la sesión de control al Gobierno en el Parlamento de Cataluña. No obstante, Puigdemont ha asegurado que nada le disuadirá de seguir impulsando el referéndum.

Fuentes del Ejecutivo aseguran que el Gobierno está trabajando de manera continuada con este asunto y de hecho tiene previstas ya medidas que debería ir adoptando en función de los escenarios que se presenten.

Pero estas fuentes dejan claro que no se va a anticipar ninguna de éstas para evitar que los partidos independentistas y el Gobierno de Carles Puigdemont las utilicen para hacer victimismo y tratar de sacar provecho de ello.

Tanto el presidente del Gobierno como la vicepresidenta y otros miembros del Ejecutivo han sido categóricos en multitud de ocasiones a este respecto: el referéndum independentista no se celebrará. Pero no han expuesto una hoja de ruta para impedirlo.

Las medidas que va a adoptando el Gobierno o la Fiscalía se van conociendo a medida que se producen las decisiones del Ejecutivo catalán.

Este es el caso de la investigación abierta por la Fiscalía de la Audiencia Nacional hace más de un año sobre la creación de "estructuras de Estado" para la secesión, con el envío de la Guardia Civil a una veintena de empresas tecnológicas y de ciberseguridad para que informaran sobre los contratos con el Gobierno catalán que podrían estar enfocados a crear servicios de inteligencia o una agencia tributaria.

Una de las últimas actuaciones se han producido a raíz de que, a principios de mayo, la Generalitat licitara la compra de urnas por un valor de 200.000 euros para elecciones al Parlamento catalán, consultas populares y "otras formas de participación ciudadana", según publicaba el Diario Oficial de la Generalitat. La Fiscalía anunció que estudiría la presentación de una querella.

El Ministerio Público también está atento a otros movimientos del Gobierno catalán que puedan estar vinculados al referéndum independentista. De hecho, el pasado 24 de marzo, la Fiscalía de Cataluña abrió diligencias, dos días después de que se abriera el concurso para proporcionar papeletas y sobres a la Generalitat, con el fin de investigar el fin del mismo. La actuación vino precedida de una nota de la asesoría jurídica del Parlamento catalán, en la que se alertaba de que la partida incluida en los Presupuestos podría vulnerar resoluciones del Tribunal Constitucional.