En una respuesta escrita del Ejecutivo a una pregunta de los diputados del PSOE por Cádiz Miriam Alconchel, Salvador de la Encina y Juan Carlos Campo en la que instaban al Gobierno a "mediar e intervenir en defensa de los intereses de los trabajadores españoles de la Base de Rota". A esto, el Gobierno ha respondido que esto es un conflicto "entre una determinada empresa, de naturaleza privada y origen estadounidense, que tiene un único centro de trabajo radicado en Rota y sus trabajadores" y por dado que está teniendo lugar en un centro de trabajo de Cádiz, es competencia de la Junta.
"Dado que se trata de un conflicto laboral que está teniendo lugar en un centro de trabajo ubicado en Rota, conviene recordar que las competencias en materia de ejecución de la legislación laboral las ostenta la Junta de Andalucía, y es a los órganos dependientes de dicha Comunidad Autónoma a los que compete ejercer las funciones que legalmente procedan en cada momento en relación con dicho conflicto", ha respondido el Ejecutivo.
Además, "como en el caso de cualquier otra empresa que desarrolla su actividad en territorio español", el Gobierno considera que "la empresa estadounidense debe aplicar y cumplir lo establecido en la normativa española, y en este caso la normativa laboral (legal o convencional) que le sea de aplicación". Así, ha asegurado que el Ministerio de Defensa es "plenamente consciente de la importancia que tiene la conservación del empleo en la Base de Rota para la zona, y en diversas ocasiones ha venido mostrando a las autoridades militares de los EEUU su preocupación sobre la cuestión" y seguirá abordando el problema en "los foros y circunstancias que sean adecuados".
Por último, ha destacado que "la presencia de instalaciones militares en una localidad se considera que genera, además de los beneficios de seguridad, otras ventajas a la misma, por la actividad económica directa e indirecta del funcionamiento de la propia Base, y la presencia de un contingente de militares y civiles que trabajan en aquellas instalaciones, así como sus familias".
En el caso de la Base Naval de Rota, la presencia de los cuatro destructores de la US Navy ha generado "un impacto muy positivo" en la actividad económica y comercial de la comarca, especialmente en las contratas de obras y suministros a la Base, y muy especialmente, "en la Industria Naval de la Bahía de Cádiz en general, y en la empresa Navantia en particular".
Los socialistas preguntaron por esta cuestión de manera escrita y explicaron que los trabajadores de la empresa estadounidense concesionaria del aeropuerto de Rota iniciaron el pasado mes de marzo unos paros parciales que ya habían anunciado como consecuencia de 13 despidos llevados a cabo entre el personal y el anuncio por parte de la empresa de llevar a cabo más medidas de recorte.
A tenor de esto, el PSOE preguntaba al Gobierno si, a través del Ministerio de Defensa, tenía pensado "mediar" para defender los intereses de os trabajadores españoles en Rota y si estaba "preocupado" por la disminución de empleo en la Base. Además, le pedía que se posicionase al respecto de la aplicación de la legalidad española que, según los socialistas, la empresa no estaba aplicando.
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