Gobierno vasco dice al central que en lugar de poner "trabas" debería de colaborar en reparar a las víctimas de torturas

En declaraciones a los medios en San Sebastián, Fernández ha afirmado que el informe del Gobierno central que advierte de la inconstitucionalidad del proyecto de ley de Reparación de Víctimas, en fase de tramitación en el Parlamento vasco, "es una copia de uno ya viejo que se envió al Gobierno vasco el 3 de marzo".

Según ha indicado, este documento, elaborado por "la dirección de Coordinación con las comunidades autónomas y ayuntamientos", ya "se tuvo en cuenta en la tramitación del anteproyecto de Ley". "En la documentación que obra en el expediente de la Ley se responde a las alegaciones que planteaba el informe", ha aseverado.

Además, ha apuntado que el citado anteproyecto "ha tenido en cuenta algunos de los aspectos que recoge este informe", y por lo tanto, "esta copia de aquel informe, o quienes la han hecho, no han leído la documentación que aparece en el expediente del anteproyecto de Ley". Asimismo, ha asegurado que "en la tramitación de la Ley en el Parlamento vasco han comparecido expertos jurídicos de gran pluralidad y las más altas instancias judiciales de Euskadi" y "todas ellas han afirmado que la Ley tiene una seguridad jurídica completa".

En todo caso, Fernández ha destacado que "los procesos de reparación a víctimas, aquí y en todo el mundo, son administrativos, no son penales", y el reconocimiento a una víctima de un delito o de una vulneración de Derechos Humanos "se puede y se debe hacer" si no hay sentencia del caso. "En todos los estamentos de legislación estatal, europea e internacional así se refleja que la víctima será reparada con independencia de si el autor ha sido juzgado o no", ha apuntado.

Al respecto, ha reflexionado sobre el hecho de que "si se pusiera como condición para reparar a una víctima que el caso tiene que estar juzgado, el autor aprehendido y la causa esclarecida, muchísimas víctimas de otros ámbitos no podrían haber sido reconocidas, ni víctimas de violencia de género, ni de terrorismo, ni otras".

Fernández ha incidido en que "el principio de la centralidad de la víctima" es "fundamental", porque "lo primero es la víctima y el reconocimiento de que ha sufrido los daños". "Otra cosa es el esclarecimiento penal de esa cuestión, pero la reparación del daño causado es un proceso administrativo que es perfectamente legal, constitucional y corresponde al Derecho Internacional de los Derechos Humanos", ha reiterado.

A su juicio, la posición del Ministerio del Interior con respecto a este anteproyecto de Ley no es jurídica, "sino política" y lo que transmite es "que el Gobierno español no quiere proceder al reconocimiento de esta realidad, de esta verdad y estas víctimas", algo que ha considerado "muy injusto y en segundo lugar muy triste".