La Comisión Delegada de Asuntos Económicos tiene previsto aprobar mañana en primer lugar el cierre del ejercicio 2015, fijando el déficit con el que concluyó el pasado ejercicio, que estará en el entorno del 5 por ciento, es decir, unos 7.000 millones de euros más de lo previsto, según admitieron las fuentes consultadas que no quisieron precisar la cifra exacta.
Esto supone una clara desviación sobre el objetivo marcado en los Presupuestos Generales que era del 4,2 por ciento y también muy por encima de lo que había previsto la Comisión Europea, que estimaba a final del pasado año un déficit para España del 4,5 por ciento.
La Seguridad Social y las CCAA fueron las mayores incumplidoras del objetivo de déficit durante el pasado ejercicio, rebasando los déficits del 0,6% y del 0,7% previstos, respectivamente, mientras que el déficit del Estado (-2,9%) será menor al estimado y los ayuntamientos registrarán superávit, frente el equilibrio presupuestado.
De hecho, en los últimos datos proporcionados por el Gobierno que son hasta noviembre, el déficit de las autonomías se situaba en el 1,31 por ciento del PIB, es decir, que casi duplicaba el objetivo del 0,7 previsto para 2015.
Las más incumplidoras eran, a falta de un mes para terminar el año: Cataluña, Murcia, Valencia, Extremadura y Aragón. Aunque tampoco ajustaron sus gastos a ese 0,7 otras como Andalucía, Castilla La Mancha, Madrid, Castilla y León, La Rioja y Cantabria.
Dentro de este desvío en las previsiones de déficit de las comunidades, el Gobierno ha incluido el gasto añadido para pagar los tratamientos de Hepatitis C que se acordaron a lo largo del pasado ejercicio con el Ministerio de Sanidad y que se elevan a 1.090 millones de euros. Además, están otros más de 2.000 millones que afloraron en Cataluña de la construcción de una prisión y otros 200 millones de un tranvía en Aragón. Estos gastos ya explican por sí solos alrededor de la mitad de la desviación del déficit durante 2015.
MÁS CONTROL Y MEDIDAS COERCITIVAS
Por ello, la Comisión Delegada de Asuntos Económicos abordará mañana las medidas de ajuste reclamadas por Bruselas que deberán aplicar las autonomías. Las fuentes consultadas explican que no se trata de un plan de recortes, sino de "eficiencia" en el gasto y teniendo en cuenta que se aplicará en un entorno de aumento de los ingresos por el crecimiento económico. A lo que se sumará el hecho de que las CCAA se repartirán más de 7.000 millones del excedente de ingresos de la liquidación del ejercicio 2014.
En este sentido, explican que se aumentarán los grados de control a las CCAA, exigiéndoles un "paso más" en la transparencia de los datos de sus cuentas y a la vez se aplicarán medidas coercitivas que hasta ahora no se habían llevado a la práctica, pero que están recogidas en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y en la Regla de Gasto. Es decir, que se trata de establecer nuevas condicionalidades en los pagos que realice la Administración Central a las autonomías.
El Ejecutivo tiene en cuenta también que el pasado ejercicio hubo elecciones autonómicas y tras el cambio en los gobiernos de muchas CCAA, algunas de éstas no han podido aprobar aún sus presupuestos y otras lo han hecho con retraso.
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