Martínez se ha mostrado abierto a esta posibilidad, tal y como hizo la semana pasada el presidente del Gobierno asturiano, Javier Fernández, en el pleno de la Junta General del Principado de Asturias, cuando ha sido preguntado por el diputado de Podemos Daniel Ripa, que ha mostrado su temor de que el mecanismo promovido por el Gobierno sirva para establecer "listas negras" y perseguir luego a quienes denuncien la corrupción.
El consejero asturiano ha dicho que está dispuesto a negociar este aspecto y otros con el resto de grupos parlamentarios. No obstante, ha recordado a Ripa que el vigente Código Penal castiga a quienes realice denuncias falsas. También ha defendido ante Podemos la independencia de la oficina para luchar la corrupción planteada en el anteproyecto.
Ripa, sin embargo, cree que el anteproyecto muestra muchas deficiencias y parece hecho "contra los valientes y honestos de la Administración", ya que, ha considerado, serviría para procesar a quienes denunciaron recientes casos de corrupción en Asturias.
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