El recorte tiene la finalidad de reducir el déficit público, que acabó en 2015 en el 5%, por encima del 4,2% comprometido, y cumplir con el déficit del 3,6% previsto para este año, con ajustes que "se repartirán de forma equilibrada entre todos los departamentos", según ha informado el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
En concreto, el mayor recorte se ha aprobado para el Ministerio de Fomento (598,3 millones de euros); seguido del Ministerio de Economía y Competitividad (447,3 millones); y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (350,74 millones).
Asimismo, el Ejecutivo en funciones contempla un recorte de 150 millones en gastos de diversos ministerios, así como en los ministerios de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (123,34 millones); Hacienda y Administraciones Públicas (59,59 millones); Defensa (58,09 millones); Educación, Cultura y Deporte (47,83 millones); y Asuntos Exteriores y de Cooperación (41,99 millones).
Los menores ajustes han sido los aprobados para los departamentos de Interior (40,87 millones); Empleo y Seguridad Social (40,41 millones); Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (24,25 millones); Justicia (16,07 millones); y el Ministerio de la Presidencia, que contará con 1,22 millones menos.
Esta no disponibilidad de créditos no afecta a gasto social o a partidas vinculadas con la seguridad, y se han excluido de la no disponibilidad, entre otras, las transferencias a la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal (SPEE), las becas y la transferencia a ADIF para gastos de mantenimiento.
El acuerdo es parte del paquete de medidas llevadas a cabo por el Gobierno para cumplir con los compromisos adquiridos, introduciendo, por un lado, mecanismos en el ámbito de las administraciones territoriales y, por otro, continuando con el esfuerzo de contención del gasto público en la administración central.
El pasado 9 de marzo la Comisión Europea publicó una recomendación autónoma a España, en el marco del procedimiento de déficit excesivo, en la que se instaba a adoptar las medidas necesarias para la aplicación de los mecanismos previstos en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera en el ámbito de las administraciones autonómicas y para conseguir una corrección duradera del déficit público.
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