El Govern catalán quiere recuperar el control público de ATLL si el Supremo anula la adjudicación

El Govern prevé recuperar el control público de la empresa Aigües Ter-Llobregat (ATLL) si el Tribunal Supremo confirma la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que anulaba la adjudicación por la cual la Generalitat privatizó su gestión.

Así figura en la disposición adicional 15 de la ley de acompañamiento de los Presupuestos 2017 que ha presentado este martes el conseller de Economía, Oriol Junqueras: si la justicia confirma la nulidad, el Govern presentará en el Parlament una iniciativa con "la voluntad de recuperar la gestión directa".

Preguntado en rueda de prensa por si el Govern ha previsto cuánto costaría esta operación, lo ha descartado: "Hacemos previsiones sobre cosas que existen, no sobre cosas que no existen", alegando que la justicia aún no se ha pronunciado definitivamente.

SANCIONES A SUMINISTRADORAS

Otras medidas administrativas que se incluyen en la misma ley es que el Govern deroga la Ley 6/2012 de 17 de mayo de estabilidad presupuestaria, que preveía llegar a un objetivo de déficit estructural del 0,14% en el ejercicio 2018.

Esta norma también modifica la Agencia Catalana del Consumo para que los ingresos derivados de las sanciones que paguen las empresas suministradoras de energía (electricidad, gas y agua) se destinen a mejorar "las condiciones de las personas que se encuentren en una situación económica precaria".

FORTALECER LA SINDICATURA DE CUENTAS

La ley de acompañamiento también modifica la ley de la Sindicatura de Cuentas, para que el ente fiscalizador pueda actuar de oficio e investigar las denuncias anónimas sobre posibles indicios de malversación o mala gestión de fondos públicos.

La misma ley, registrada este miércoles en el Parlament, también se busca dar al organismo que dirige Jaume Amat "más poder" para fiscalizar la actividad de la Generalitat y sus empresas públicas con un presupuesto inferior a los 150 millones de euros.

REGISTRO DE SUBVENCIONES

Para buscar mayor transparencia, según alega al Govern, la ley de acompañamiento también crea el Registro de Subvenciones y Ayudas de Cataluña, que se podrá consultar a través del Portal de Transparencia que tiene la Generalitat.

Además, se crea la Agencia de Seguridad Ferroviaria como órgano encargado de aplicar la normativa vigente: estará adscrita a la Conselleria de Territorio y Sostenibilidad y podrá "emitir certificados y sanciones a los operadores de estos servicios".

GUIÑO A LA CUP

En el sector de la enseñanza, la ley establece que para el curso 2017-2018 no se "concertarán nuevas líneas" en centro ordinarios de titularidad privada.

Medidas que se incluyen en esta ley como la de recuperar el control público de ATLL o el freno a concertar nuevas líneas con centros privados son guiños a la CUP, de cuyos votos depende el Govern para conseguir aprobar las cuentas en febrero, para cuando está previsto el debate final.