El vicepresidente, Jafeth Cabrera, ha explicado que el Gobierno invitó a los alcaldes de Ixchiguán y Tajumulco a una reunión para solucionar sus problemas, pero éstos se negaron y solicitaron la intervención directa del Ejecutivo para zanjar la disputa, ante lo cual el Gabinete decidió declarar el estado de sitio.
El decreto ejecutivo esgrime que en ambas localidades, enfrentadas desde hace décadas, "se han manifestado una serie de actos que afectan al orden constitucional, la gobernabilidad y la seguridad del Estado" y "ponen en riesgo la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral y patrimonial de los habitantes".
El ministro de Defensa, Williams Mansilla, ha explicado que el conflicto se intensificó el pasado febrero, cuando supuestos habitantes de las comunidades de Tuichán (Ixchiguán) y Villa Real (Tajumulco) se enfrentaron con un saldo de un muerto y varios heridos.
Además, Mansilla ha recordado que la semana pasada los roces entre municipios alcanzaron un nuevo nivel cuando vecinos de Villa Real secuestraron a 17 policías, que finalmente fueron liberados, según informa el diario guatemalteco 'Prensa Libre'.
El Gobierno sospecha que en la zona limítrofe hay presencia de bandas mexicanas y colombianas dedicadas al cultivo ilegal de amapolas, base para la producción de heroína, lo que ha desatado una escalada de violencia en la que se han producido ataques con armas pesadas.
El decreto ejecutivo, fechado el 10 de mayo, tendrá que ser ratificado por el Congreso en el plazo de tres días, tras lo cual entrará en vigor para un primer periodo de 30 días que podrá prorrogarse. El estado de sitio permitirá el despliegue de mayores efectivos y la suspensión de ciertos derechos y libertades.
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