La 'guerra contra las drogas' de Duterte, su promesa electoral estrella, ha contribuido considerablemente a esta degradación en el respeto a los Derechos Humanos en el país, ya que no sólo cuentan los más de 7.000 muertos en operativos contra el negocio de la droga sino también el acoso y la persecución a todo crítico contra esta 'guerra' que, en un principio, prometió que duraría seis meses.
Las cifras oficiales indican que "hombres armados no identificados" han matado al menos a 7.000 consumidores y pequeños narcotraficantes desde el pasado 1 de julio, de los cuales más de 3.000 han sido llevados a cabo directamente por la Policía.
No obstante, el Gobierno de Duterte ha rechazado todas las peticiones, tanto a nivel nacional como internacional, para que rindan cuentas los responsables de estos abusos, además de negar toda responsabilidad por los miles de muertes registradas en el país.
El subdirector de HRW para Asia, Phelim Kine, ha recordado que el presidente asumió el cargo "prometiendo proteger los Derechos Humanos" pero que, en su lugar, "ha gastado todo un año siendo un ruidoso instigador de su ilegal campaña de asesinatos".
"Duterte ha apoyado e incitado los asesinatos de la campaña de su 'guerra contra las drogas' al mismo tiempo que ha tomado represalias contra aquellos que no han temido desafiar su asalto contra los Derechos Humanos", ha señalado el 'número dos' de la ONG en el continente asiático.
HRW, que ha venido denunciando desde el principio la actitud del Ejecutivo de Duterte, ha podido constatar que las afirmaciones de que las muertes de presuntos consumidores y traficantes estaban dentro de la legalidad han sido, en su mayoría, obvias mentiras.
Las entrevistas con testigos y familiares de las víctimas y en el análisis de los registros policiales muestran, según la organización, el patrón de una conducta policial ilícita "diseñada para pintar una capa de legalidad" sobre lo que son, en realidad, ejecuciones extrajudiciales que podrían ser consideradas crímenes contra la humanidad.
Mientras que la Policía Nacional ha querido mostrar públicamente las distinciones entre los sospechosos abatidos por las autoridades al resistirse a las detenciones y los asesinatos llevados a cabo por "hombres desconocidos" o los denominados 'vigilantes', HRW no ha hallado diferencias entre los casos que ha investigado.
De hecho, en muchos de ellos la Policía incluso niega estar implicada, cuando horas antes los sospechosos fallecidos habían estado bajo custodia policial. Estos casos, continúa la ONG, ponen en tela de juicio la afirmación del Gobierno de que la mayor parte de los asesinatos se llevaron a cabo por 'vigilantes'.
CONDICIONES EN LAS PRISIONES
La 'guerra contra las drogas' de Filipinas ha empeorado además las ya difíciles condiciones en las prisiones del país, que sufren un inadecuado suministro alimentario y unas condiciones de sanidad deficientes.
Los datos del Gobierno recogidos por HRW indican que las instalaciones penitenciarias que dirige el Departamento de Gestión de Prisiones estatal, con una capacidad máxima de 20.399 personas, albergan actualmente a más de 132.000 arrestados, la gran mayoría de ellos a la espera de ser juzgados o de recibir una sentencia.
El departamento atribuye este confinamiento a la detención de decenas de miles de presuntos consumidores y pequeños traficantes de estupefacientes, arrestos que han incrementado considerablemente desde el lanzamiento de la polémica 'guerra contra las drogas' que, además, ha impulsado la creación de 'cárceles secretas', escenario de detenciones ilegales y de extorsiones.
Asimismo, HRW ha subrayado la importancia de la intimidación llevada a cabo por el Gobierno de Duterte contra todo aquel que haya levantado la voz contra su campaña contra el narcotráfico en el empeoramiento de la situación de Derechos Humanos en el país.
En concreto, el organismo ha hecho referencia a la detención de la senadora Leila de Lima, en febrero de este mismo año, a la que el Ejecutivo acusa de un delito relacionado con las drogas, acusación "motivada políticamente", según HRW, consecuencia de su férrea crítica contra la campaña de Duterte.
Otros críticos, entre ellos activistas, periodistas, altos cargos internacionales y también ciudadanos ordinarios, han recibido amenazas a través de las redes sociales por parte de seguidores de Duterte. Entre ellos, HRW ha destacado el caso de la relatora especial de Naciones Unidas para Ejecuciones Extrajudiciales, Agnes Callamard.
"Durante su primer año en el cargo, el presidente y su Gobierno han demostrado poca disposición a respetar los Derechos Humanos y a ofrecer justicia a aquellos cuyos derechos han sido violados", ha señalado Kine, que ha concluido subrayando la necesidad "desesperada" de que se abra una investigación internacional, dirigida por la propia ONU, para "detener esta masacre y presionar para que se rinda cuentas por la catástrofe de Derechos Humanos de Duterte".
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