Las autoridades de Sudán han deportado este mes al menos a 442 eritreos, incluidos seis refugiados que se encontraban ya registrados, y han negado la entrada al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) para poder identificar a quienes piden asilo, según ha denunciado Human Rights Watch (HRW) en un comunicado.
"Sudán está arrestando y forzando a eritreos a volver a un país represivo, lo que impide que los refugiados puedan buscar protección", ha denunciado el investigador y abogado de Human Rights Watch Gerry Simpson.
"Las autoridades del país deberían trabajar con la agencia de refugiados de la ONU para proteger a estas personas, no para que regresen a sus lugares de origen y se vuelvan a enfrentar a los abusos de los que han huido", ha añadido Simpson.
Según ACNUR, las autoridades sudanesas arrestaron en mayo a 377 personas en la frontera de Dongola mientras estas intentaban cruzar a Libia. Entre ellas había 313 eritreos, incluidos 14 niños y seis que ya habían sido registrados como refugiados en Sudán, y 64 etíopes.
Todos ellos fueron juzgados y condenados por "entrada ilegal" en Sudán, pero solo los eritreos fueron deportados, mientras que los etíopes siguen detenidos. Unos días antes, según la agencia de la ONU, las autoridades sudanesas habían deportado a otros 129 eritreos a su país.
HRW ha subrayado que Eritrea, con un Gobierno extremadamente represivo, exige que todos los ciudadanos menores de 50 años se enrolen en el Ejército de forma indefinida, normalmente durante más de 18 meses, que es el periodo límite que establece la ley. Cualquiera que abandone el país sin permiso es percibido como desertor, arriesgándose a ser encarcelado en prisiones donde priman las condiciones inhumanas, el trabajo forzoso y la tortura.
ACNUR considera que el castigo es tan severo y desproporcionado que constituye persecución, motivo por el cual se debería garantizar el estatus de refugiado a aquellos eritreos que así lo soliciten.
En el caso de Etiopía, durante años, las restricciones a la libertad de expresión y los derechos políticos, han provocado que los ciudadanos sean sometidos a detenciones arbitrarias, torturas y persecuciones de carácter político. Desde noviembre, las fuerzas de seguridad han matado a cientos de estudiantes durante las manifestaciones que se han producido en el estado de Oromia, ha indicado HRW.
VIOLACIONES DEL DERECHO INTERNACIONAL
El Derecho Internacional prohíbe a los países deportar a los solicitantes de asilo sin haber considerado primero sus casos, ha recordado la organización. Este derecho se aplica independientemente de cómo han llegado al país los solicitantes de asilo o cuánto tiempo llevan en el país antes de solicitarlo. El Derecho Internacional también prohíbe la deportación o expulsión forzosa a cualquier lugar que suponga un peligro para la vida de esas personas.
Las autoridades sudanesas tienen derecho a arrestar e interrogar a los eritreos y otros extranjeros no registrados como solicitantes de asilo que lleguen al país, según Human Rights Watch. Sin embargo, Sudán está obligado a aceptar todas las solicitudes y procesarlas, incluso las de aquellas personas que han permanecido en el país durante algún tiempo de forma previa.
Durante mayo y junio de 2014, Sudán deportó al menos a unos 104 eritreos sin permitir que ACNUR tuviera acceso al grupo, y entre mayo y julio de 2011 el país deportó a más de 300 sin permitirles solicitar asilo. Según fuentes de la ONU, durante 2015 y 2016, entre 3.000 y 4.000 eritreos abandonaron sus países para pedir asilo en los campos de refugiados de Etiopía y Sudán. No obstante, la tasa de población de esos campos ha permanecido prácticamente intacta.
Human Rights Watch estima que miles de eritreos que abandonaron el país tratando de llegar a Europa fueron secuestrados y torturados en la Península del Sinaí entre 2010 y 2013, en ocasiones con la ayuda de fuerzas de seguridad egipcias y sudanesas. La Unión Europea está trabajando con Sudán y otros países africanos para reforzar los controles fronterizos, perseguir el tráfico de migrantes y refugiados y mejorar la vida de los refugiados en esos países.
Las fuerzas de seguridad de Sudán, por su parte, han sido responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad en Darfur y otras zonas de conflicto. "Si Sudán quiere considerarse una nación que respeta los derechos de los refugiados debe comportarse como tal", ha manifestado Simpson. "Los etíopes, eritreos y otros solicitantes que buscan protección deben ser sometimos a un proceso completo y justo", ha añadido.
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