Desde entonces, Bruselas ha promulgado una serie de problemáticas leyes antiterroristas y la Policía del país ha llevado a cabo operaciones muy duras en el último año, tras conocerse que los responsables de sendos ataques estaban relacionados con Bélgica.
En un informe publicado este jueves, titulado 'Razones para la preocupación: la respuesta antiterrorista de Bélgica a los ataques de París y Bruselas', HRW detalla las medidas que han permitido que algunos de los detenidos acusados de terrorismo se enfrenten a aislamiento, y que han dado vía libre al Gobierno para retirar pasaportes y revisar las comunicaciones electrónicas y telefónicas de los presuntos terroristas sin autorización judicial.
Asimismo, la organización en defensa de los Derechos Humanos ha denunciado que otras normativas aprobadas por el Gobierno belga permitan retirar la ciudadanía nacional y criminalicen comentarios que están lejos de ser una incitación directa al terrorismo. El grupo también detalla la "abusiva respuesta policial" durante detenciones y redadas antiterroristas.
"Bélgica ha trabajado duro este año para evitar nuevos ataques, pero sus leyes y su respuesta policial se han visto socavadas por su excesiva y, a veces, abusiva naturaleza", ha denunciado la investigadora en terrorismo y autora del informe, Letta Tayler.
"Compartimos la indignación y la pena de Bélgica y Francia y queremos que los responsables sean llevados ante la Justicia. Pero las redadas policiales excesivas podrían alejar a las comunidades cuya cooperación sí puede ayudar a abordar esta amenaza", ha señalado.
HRW ha realizado entrevistas a 23 personas que aseguran haber sido víctimas de abusos, físicos o verbales, y a diez familiares o abogados de otros que denuncian abusos por parte de la Policía, de los soldados en patrulla o de las autoridades de prisión.
INVESTIGANDO ALGUNOS "INCIDENTES"
En un comunicado escrito, el Gobierno federal ha señalado a HRW que está "firmemente determinado a proteger" los Derechos Humanos durante la respuesta antiterrorista, y ha añadido que se están investigando varios "incidentes" de presunta "violencia física o verbal" llevada a cabo por agentes de la Policía. "Pero se trata de casos aislados, y sin ningún fundamento para acabar diciendo que se trata de una política deliberada", ha añadido.
'Omar', uno de los que en algún momento han sido detenidos por la Policía belga, denuncia agresiones físicas y verbales. "Nos ataca Estado Islámico, que nos considera infieles cuando no tenemos nada que ver con ellos. Y nos ataca el estado, que dice que estamos involucrados en Estado Islámico", añade, antes de señalar a las autoridades de haberle golpeado y de haberle llamado "sucio árabe", antes de liberarlo sin cargos.
Una de las medidas antiterroristas que Bélgica aprobó en 2015, explica HRW, ordena a las autoridades penitenciarias a poner a todos los detenidos acusados o condenados por delitos vinculados al terrorismo en confinamiento hasta 23 horas diarias. Algunos siguen en aislamiento hasta diez meses.
La organización ha documentado dos casos en los que las autoridades de prisión han continuado con estrictas medidas de aislamiento durante meses después de que un preso intentara suicidarse, y de que otro dijera al psicólogo de la prisión que estaba "hablando a las paredes".
Al menos 35 presos están actualmente en régimen de aislamiento, ha indicado HRW. Al menos otros 18 que lo han estado, se encuentran ahora en un estado que permite una interacción limitada entre detenidos segregados.
Si bien HRW ha reconocido que son necesarias "medidas especiales" para evitar la radicalización violenta en las prisiones, ha exigido que las medidas llevadas a cabo por Bruselas sean proporcionadas y estén sujetas a una revisión efectiva. "El confinamiento en solitario de forma prolongada es cruel, inhumano y degradante y puede llegar a ser tortura", ha denunciado.
RESPONSABILIDAD DE PROTECCIÓN
Otra de las medidas, continúa el organismo, permite condenar a sentencias de cinco a diez años de prisión por los delitos de incitación indirecta del terrorismo a través de un mensaje diseminado, "independientemente de que éste genere o no un riesgo de que el acto (terrorista) pueda ser cometido".
HRW también ha denunciado que Bruselas revoque la ciudadanía de aquellos que tengan doble nacionalidad y estén condenados por terrorismo, ya que se puede provocar una percepción de que existen "ciudadanos de segunda clase" en base a su etnia o religión.
Desde el ataque contra un Museo Judío en Bruselas en mayo de 2014, las autoridades han condenado a 43 personas por terrorismo y han imputado a otras 72, según los datos ofrecidos por el Ministerio de Justicia a HRW. Sin embargo, no ha suministrado datos sobre las condenas e imputaciones desde los ataques de París.
En este contexto, HRW ha pedido a las autoridades que supervisen y enmienden este tipo de leyes, y que refuercen la postura de tolerancia cero a los abusos policiales.
"El Gobierno tiene la responsabilidad de proteger a la gente de ataques y de que los responsables rindan cuentas. Pero la respuesta desproporcionada debilita el estado de derecho, genera desconfianza en las autoridades entre las comunidades musulmanas y divide a la sociedad, cuando lo que se necesita es la unidad contra grupos como Estado Islámico", ha señalado Tayler.
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