Los activistas, Maks Bokaev y Talgat Ayan, fueron condenados el lunes por "azuzar la discordia social", "difundir noticias falsas de forma consciente" y "violar la ley que regula las asambleas públicas".
Además de la pena de prisión, el tribunal les ha prohibido participar en actividades civiles durante tres años después de su liberación y les ha multado con 1.500 dólares (cerca de 1.415 euros).
"Encarcelar a Bokaev y Ayan por manifestar de forma pacífica sus opiniones críticas es un fallo lamentable de la justicia", ha valorado Mihra Rittmann, investigadora de HRW para Eutopa y Asia Central.
"Maks Bokaev y Talgat Ayan deberían ser liberados inmediatamente", ha recalcado.
Bokaev, de 43 años, es miembro por la región de Atyrau del Mecanismo de Prevención Nacional, un grupo de supervisión de la tortura gestionado por el defensor del pueblo.
Ayran, de 32 años años, es un abogado y activista también residente en Atyrau que se ha opuesto activamente a las enmiendas de la ley de tierras propuestas po el Gobierno kazajo.
Ambos activistas pidieron permiso para celebrar una manifestación el 24 de abril contra estos cambios en la ley de tierras, si bien les fue denegada. Pese a ello, cientos de personas se concentraron en la plaza Isatai-Majambet, en una de las mayores manifestaciones en el país en el último año.
"Las autoridades deben poner fin a su acercamiento punitivo a las asambleas públicas y reconocer el derecho fundamental de que cada persona exprese sus puntos de vista", ha remachado Rittmann.
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