"Quienes están a cargo de fuerzas de seguridad implicadas en los gravísimos abusos que ocurren a diario en Venezuela no están adoptando medidas para prevenir violaciones de los Derechos Humanos ni llevar a los responsables ante la justicia", ha dicho el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco.
La ONG ha recordado que, "según el Derecho Internacional, las autoridades responsables, sobre todo aquellas que están al frente de organismos involucrados en violaciones de los Derechos Humanos, tienen la obligación de tomar medidas razonables para prevenir o sancionar los abusos cometidos por sus subordinados".
Sin embargo, "HRW ha examinado numerosas evidencias que sugieren que miembros de las fuerzas de seguridad venezolanas, incluida la Guardia Nacional Bolivariana y la Policía Nacional Bolivariana, estarían implicados en un sinnúmero de abusos graves desde que los manifestantes salieron a las calles, a principios de abril de 2017".
HRW ha afirmado que las fuerzas venezolanas "han empleado excesivamente la fuerza", arrojando gases lacrimógenos "directamente al cuerpo de manifestantes, periodistas y a establecimientos de salud y viviendas", han hecho detenciones arbitrarias y han cometido "abusos físicos" contra los arrestados que "en algunos casos podrían constituir tortura".
Además, "la justicia militar ha procesado a más de 350 civiles por distintos delitos, incluidos los de 'traición a la patria' y 'rebelión', una práctica que resulta incompatible con las obligaciones en materia de Derechos Humanos de Venezuela conforme al Derecho Internacional y regional".
"Estos procedimientos han negado a las personas acusadas de cualquier medida de debido proceso y en muchos casos los cargos se han formulado grupalmente, sin ni siquiera simular que se presentaban pruebas concretas", ha reprochado la organización humanitaria.
LA FISCAL GENERAL, SOLA
En este contexto, HRW ha indicado que, salvo la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, que "ha iniciado investigaciones por presuntas violaciones de derechos fundamentales en más de la mitad de las más de 1.200 lesiones registradas" --"en diez casos encontró evidencias para imputar a miembros de las fuerzas de seguridad por asesinatos"--, las autoridades han defendido la actuación de los uniformados o han guardado silencio.
"Todo indica que autoridades con altas responsabilidades en el Gobierno venezolano no han adoptado ninguna medida para prevenir ni sancionar estas violaciones. Al contrario, han restado gravedad a los abusos o han negado lo sucedido, con frecuencia culpando a los manifestantes por los hechos de violencia", ha lamentado HRW.
Hace solo unos días, el 6 de junio, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, "reconoció por primera vez que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían cometido abusos". "No quiero ver a un guardia nacional más cometiendo una atrocidad", dijo. Para Vivanco, "es muy difícil creer" en sus palabras, ya que "podría tratarse de un gesto propagandístico tardío para intentar evadir su responsabilidad personal".
"En un país sin independencia judicial y donde es poco probable que la fiscal general consiga por sí sola resultados significativos en los esfuerzos por enjuiciar a los responsables de abusos, las voces de estos altos funcionarios son indispensables para garantizar que se rindan cuentas por estos actos", ha reclamado HRW.
En concreto, la ONG ha apuntado a Padrino López; el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol; el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Gustavo González; el director de la Guardia Nacional Bolivariana, Antonio Benavides; el director de la Policía Nacional Bolivariana, Carlos Alfredo Pérez; y la fiscal militar, Siria Venero.
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