Humala presenta un recurso de apelación contra la orden de prisión preventiva emitida contra él y su mujer

Carhuancho emitió el 14 de julio una orden de 18 meses de prisión preventiva contra Humala y Heredia, acusados de haber recibido 3 millones de dólares (2,5 millones de euros) de la empresa brasileña Odebrecht para financiar la campaña electoral de 2011, según ha informado el diario local 'El Comercio'.

El magistrado ha dictado también la orden pertinente de localización y captura del exmandatario y la ex primera dama, para que sean "internados en el centro penitenciario que corresponda". Carhuancho ha asegurado que esta medida es "necesaria" y "proporcional".

Humala, que gobernó entre 2011 y 2016, ha negado las acusaciones y ha afirmado que se trata de una persecución política. Asimismo, ha señalado que continuará "recordando que el principio de presunción de inocencia es jurídico".

"Reafirmaremos que solicitamos a esta sala que emitiera una decisión justa y ratificamos que vamos a quedarnos en nuestro país para afrontar el proceso aquí", ha aseverado desde la cárcel a través de videoconferencia.

El fiscal Rafael Vela ha solicitado al tribunal que ratifique la decisión de prisión preventiva para ambos y ha pedido, además, que Humala reciba un trato justo e igualitario y no privilegiado por su condición de expresidente. Humala, por su parte, ha acusado a la Fiscalía de "politizar" el proceso. La corte, liderada por el juez César Sahuanay, emitirá su veredicto esta semana.

Humala es el segundo expresidente peruano que se enfrenta a prisión preventiva por estar presuntamente vinculado a un escándalo de corrupción relacionado con Odebrecht. En enero, un juez condenó a prisión al exmandatario Alejandro Toledo, acusado de recibir millones de dólares en sobornos de la firma brasileña.

También ha instado al magistrado Sahuanay a afrontar el proceso bajo comparecencia restringida. "Siento que cuando el fiscal habla de que este es un proceso histórico y habla de un expresidente está politizando el tema, está actuando bajo presión mediática dado que soy el único exdirigente que se ha quedado en el país", ha indicado Humala.

"Quiero señalar que tanto Nadine como yo podemos afrontar esta investigación con las mismas reglas de conducta anteriores, las que hemos cumplido escrupulosamente", ha añadido.

El exmandatario ha sostenido que los hechos que la Fiscalía les imputa no han sido corroborados. "No hemos hecho ningún acto para obstaculizar las investigaciones, y me refiero al presunto delito de compra de testigos, al que no se nos ha vinculado", ha subrayado.

Al tratarse de delitos presuntamente cometidos antes de que Humala asumiese la Jefatura de Estado, el expresidente, que abandonó el cargo en julio de 2016, no está amparado por ninguna garantía específica.