IU-Aragón traslada a las Cortes su rechazo al Acuerdo Económico y Comercial Global

En una nota de prensa, Luquin ha indicado que este acuerdo "afectará a las normativas en materia de agricultura, ganadería, servicios públicos, derechos de los consumidores o salud pública, todas ellas áreas en las que los Estados miembros tienen competencia".

En cuanto a la política autonómica concreta, este acuerdo podría restringir la capacidad de los Gobiernos regionales para apoyar a los proveedores locales y sin fines de lucro y provocar la externalización de puestos de trabajo del sector público a empresas privadas, "donde el personal a menudo se ve obligado a hacer el mismo trabajo en peores condiciones salariales y laborales", ha expuesto la diputada.

Ha añadido que en el documento hay un conjunto de regulaciones transversales relativas a los principios básicos de acceso a los mercados y no discriminación y que podrían afectan negativamente a las políticas públicas y el derecho a regular del Gobierno de Aragón y de las autoridades provinciales y municipales.

También los servicios públicos se verán seriamente afectados, ya que el CETA no los excluye y, teniendo en cuenta que al menos 11 Estados miembros de la UE --entre ellos España-- se han comprometido a liberalizar los servicios de cuidados a largo plazo, como la atención residencial para la tercera edad. "Tales compromisos podrían colisionar con medidas de las Cortes de Aragón para proteger el sector de salud y de atención social a largo plazo", ha lamentado.

Para IU, las Cortes de Aragón deben velar para que el comercio internacional sea respetuoso con el desarrollo humano y, en particular, cumpla con las normas y pactos internacionales de los derechos humanos, los derechos laborales, derechos sociales y normas medioambientales vinculantes.

También, que cumpla con la protección y promoción de la diversidad cultural y el rechazo a la inclusión en acuerdos internacionales de cualquier cláusula de arbitraje privado que menoscabe el respeto de las soberanías nacionales y regionales.

"CHANTAJEAR"

Sobre este asunto, desde la formación política y social advierten que el CETA contempla tribunales de arbitraje, como los del TTIP, "lo que significa que, si la legislación de un Estado no garantiza que se cumplan sus inversiones, las multinacionales podrán chantajear a los Gobiernos e influir en las políticas estatales con demandas millonarias".

Por todo ello, IU ha emplazado al Gobierno de Aragón a que, a su vez, inste al Gobierno de España en funciones, en el marco del Consejo Europeo, de no autorizar la firma del acuerdo ni de autorizar la conclusión del CETA y a solicitar el dictamen del Tribunal de Justicia de la UE sobre la compatibilidad del acuerdo con los Tratados Europeos.

El objetivo es evitar que un acuerdo incompatible con los Tratados Europeos sea concluido y que no ratifique el acuerdo mientras el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no ha dado a esta opinión.

"Que el CETA se apruebe por imposición no parece la idea más sensata teniendo en cuenta el impulso que está tomando la extrema derecha en Europa", ha continuado Luquin, para alertar de que este "impulso se va a ver multiplicado por el Brexit".

ACUERDO INTEGRAL

El CETA es un acuerdo integral de carácter mixto que afecta tanto a competencias exclusivas de la UE y cubre las competencias nacionales y regionales, por lo que, para Izquierda Unida, "es esencial celebrar un debate democrático en los parlamentos nacionales y regionales para que puedan participar en el proceso de ratificación".

Una idea que IU ha incluido en su iniciativa para que Aragón inste al Gobierno en funciones a que defienda, en el marco de los debates en el Consejo Europeo, que el CETA sea calificado como un acuerdo mixto, "lo que implica que la ratificación obligatoria en los parlamentos nacionales de los Estados miembros", ha agregado Luquin.

Por último, IU ha propuesto que el Gobierno de España rechace cualquier aplicación provisional del acuerdo y que la Comisión Europea espere hasta que todos los procedimientos nacionales de ratificación se lleven a cabo con el fin de escuchar la voz de la ciudadanía europea, antes de una posible entrada en vigor del CETA.