Iglesias y los alcaldes del cambio no cumplen expectativas ni en política social

El 13 de junio se cumplieron dos años desde que Manuela Carmena, Ada Colau, Joan Ribó o Pedro Santisteve tomaran posesión de su cargo como alcaldes de Madrid, Barcelona, Valencia y Zaragoza. Son los llamados alcaldes del cambio de los que presumía Pablo Iglesias en el Congreso durante el debate de la moción de censura.

“Nosotros no robamos y además gobernamos mejor”, dijo el líder de Podemos en el hemiciclo. Pablo Iglesias sacó pecho de la gestión de estos ayuntamientos, los principales del país. "Hace dos años esos regidores recibieron su bastón de mando, y ya ese día es parte de la historia de España por cuanto la dignidad y la solvencia desembarcaron en las instituciones para poner fin a la indignidad, el saqueo y el despilfarro", explicó Iglesias en la tribuna.

Un informe de Llorente y Cuenca pone en entredicho esta afirmación. Dos años después de su llegada no han cumplido con las grandes expectativas creadas. El margen estrecho de actuación debido a la presión presupuestaria de Montoro, impide a los ayuntamientos del cambio marcar la diferencia. Al menos no marcan la diferencia con respecto a otros grandes ayuntamientos como los de Sevilla, Las Palmas, Valladolid (gobernados por el PSOE) o Málaga (gobernado por el PP). Todas ellas con más de 300.000 habitantes.

En algunos asuntos se trata de un contexto favorable, los famosos vientos de cola, y en otros la culpa la tiene el margen estrecho de actuación que tienen los propios consistorios. Y allí donde pueden marcar la diferencia, como en políticas sociales no lo hacen. El informe subraya que desde que diera comienzo la crisis, allá por 2008, los servicios municipales han venido incrementando la atención hacia las personas que lo pasan mal. Los ayuntamientos son la administración más cercana al ciudadano y por eso han hecho un importante esfuerzo en políticas sociales “con independencia del signo político del Gobierno”.

De los ocho ayuntamientos analizados todos aumentan el gasto social en su primer presupuesto, el del año 2016. Los que más destacan son Málaga (PP) y Barcelona (Barcelona en Comú), superiores al 17%. En el segundo presupuesto, el del 2017, destacan Sevilla (PSOE) y Madrid (Ahora Madrid) con un aumento del 15 y 28% respectivamente. En Zaragoza (Zaragoza en Común) bajó un 3,7%.

Si tenemos en cuenta el gasto per cápita, observamos que Madrid y Barcelona encabezan el ránking gracias a “los recursos que vienen dedicando a estas políticas desde antes de 2015”. Sevilla y Málaga tienen altos porcentaje con un crecimiento acumulado del 25%. Dos de Podemos, una del PSOE y otra del PP. Y todo empezó con la crisis no en 2015. El problema de la deuda y su reducción

Una de las grandes promesas de las alcaldías del cambio fue realizar una auditoría ciudadana para separar la deuda legítima de la ilegítima. La conclusión parece clara: estos ayuntamientos han mantenido los pagos de la deuda y lo han hecho realizando un tremendo esfuerzo “en la línea del resto de corporaciones”.

En este apartado, el informe destaca el empeño realizado por el ayuntamiento de Madrid que tenía una deuda muy superior al resto. En términos porcentuales el municipio que más redujo su deuda fue el de Las Palmas. Zaragoza aumentó su deuda en un 31% durante 2015 por culpa del “afloramiento de obligaciones de pago, no porque aumente el gasto”. Justo hoy hemos conocido que Málaga ha reducido su deuda en 53 millones el último año. 

La tendencia de esta reducción de deuda viene ya de lejos, es decir, antes de los nuevos alcaldes llegaran al cargo. La coyuntura de consolidación fiscal a la que obliga el ministerio de Hacienda ha hecho posible esta reducción y afecta por igual a municipios de diferentes corrientes ideológicas.

Lo mismo que ocurre con la reducción del déficit sucede con el superávit. Desde el año 2012, son las entidades locales son las que cumplen sobradamente en este apartado. Hasta el 2016 han aportado 25.000 millones de euros, con Madrid a la cabeza, aportando casi una cuarta parte. Esta situación de superávit estructural viene dada también por la interpretación de la “regla de gasto” que hace Hacienda.

El informe concluye además que otras de las grandes promesas como las remunicipalizaciones y las políticas de urbanismo no han podido ser cumplidas. En el primer caso se debe a la gran cantidad de trabas legales que se encuentran los ayuntamientos a la hora de recuperar la gestión de los servicios, y en el segundo porque es una política que requiere largos periodos para ser analizado. A pesar de estas dos premisas, el informe recuerda que todo esto no es nuevo y cita el caso de León, cuyo alcalde del PP, recuperó en la pasada legislatura la gestión directa de los servicios de limpieza y recogida de residuos. El informe también recuerda que los incentivos a la participación ciudadana tampoco son nuevos sino que "se vienen desarrollando por varios ayuntamientos desde hace años".