González pide al juez que valore su declaración voluntaria para excarcelarlo

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González ha llegado preso a la Audiencia Nacional y se marchará en las próximas horas en la misma condición. Entre esos dos momentos ha declarado durante unas dos horas ante el juez Manuel García Castellón al que ha solicitado que tenga en cuenta su “declaración voluntaria” a efectos de modificar su situación personal y dejarlo en libertad. El instructor del caso Lezo, sin embargo, no ha tomado ninguna decisión ya que su abogado no ha hecho por el momento ninguna petición al respecto.

González, según fuentes jurídicas presentes en el interrogatorio citadas por Efe, presentaba un aspecto muy desmejorado después de casi tres meses entre rejas. Durante su comparecencia ha asegurado, en contra de la resolución que lo mandó a prisión el pasado 21 de abril, que, en su caso, no existe riesgo de fuga, ni tiene la intención de destruir pruebas o cometer nuevos delitos, los tres presupuestos apreciados por el antecesor de Castellón, Eloy Velasco, para mandarlo a la cárcel sin fianza.

Fuentes del caso aseguran que su abogado, Esteban Mestre (hoy sustituido por una compañera) enviará un escrito al juzgado en los próximos días con la petición formal. El juez lo remitirá entonces a Anticorrupción para que informe si está a favor o en contra y tomará una decisión. Al expresidente de la Comunidad de Madrid se le imputan los delitos de organización criminal, prevaricación, malversación de caudales públicos, blanqueo de capitales, fraude, falsedad documental y corrupción en los negocios.El caso Lezo 

El caso Lezo investiga la supuesta implicación de Gonzalez en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao, una operación en la que la empresa pública de aguas de Madrid habría perdido unos 25 millones de dólares de dinero público que habrían ido a parar a cuentas ocultas de determinadas personas. El expresidente madrileño también está implicado en el supuesto cobro de una comisión de 1,5 millones de euros en la adjudicación a OHL del tren de cercanías a Navalcalnero (Madrid).

El exnúmero dos de Esperanza Aguirre también habría participado en la financiación ilegal del PP de Madrid a través de la petición de un millón de euros a la agencia de informática de la Comunidad (ICM). Ese dinero, procedente de un organismo público, habría ido a parar a las arcas del partido. También consta como imputado en la trama de blanqueo de capitales asociada a esas operaciones.