Un informe oficial publicado este miércoles en Sudáfrica, a petición de la justicia, llama a la Fiscalía y a la policía a investigar presuntos delitos de corrupción en la cumbre del Estado.
El documento redactado por la mediadora de la República, encargada del buen uso del dinero público, denuncia un posible caso de colusión entre el Gobierno y una familia de empresarios indios, los Gupta, que levantaron un imperio de minería, transporte, tecnología y medios al llegar a Sudáfrica a inicios de los 90.
Éstos son sospechosos de influenciar al presidente Jacob Zuma, logrando incluso el nombramiento de algunos ministros favorables a sus intereses.
El informe de Thuli Madonsela, cuyo mandato expiró a mediados de octubre, considera "inquietante" que el diputado David Van Rooyen haya ido siete veces a casa de los Gupta, una de ellas la víspera de su sorprendente nombramiento como ministro de Finanzas en diciembre pasado.
También critica que no se hayan investigado las declaraciones del viceministro de Finanzas Mcebisi Jonas, que aseguró públicamente en marzo que los Gupta le habían propuesto el ministerio del Tesoro, unos meses antes.
El texto de 355 páginas, titulado "La toma de control del Estado", también apunta a otros ministros de los que se sospecha que están vinculados a los Gupta.
Es el caso de Mosebenzi Zwane, el titular de Minas, que en 2015 viajó a Suiza con los Gupta para negociar la compra de un yacimiento de carbón en Sudáfrica por los polémicos empresarios.
En su escrito, Madonsela "da a conocer a la Fiscalía" y a la unidad de élite de la policía "los problemas identificados en el informe donde aparece que se cometieron delitos".
La publicación del informe no fue un lecho de rosas. Finalizado a mediados de octubre, su difusión se vio aplazada por un recurso presentado por el propio Zuma.
El presidente retiró, sin embargo, su apelación este miércoles, y el tribunal de Pretoria ordenó la publicación "inmediata" del documento, una decisión que animó a miles de manifestantes a reclamar su dimisión ante la presidencia.
Ante el palacio presidencial, la policía antidisturbios les disparó balas de goma y utilizó cañones de agua para dispersarlos, pero no logró que los manifestantes dejaran de congregarse ahí.
"Es un día histórico (...), un momento clave para Sudáfrica, y Jacob Zuma debe rendir cuentas", reaccionó el dirigente de la opositora Alianza Democrática (DA), Mmusi Maiman, que se plantea lanzar un procedimiento de destitución del presidente.
"Es una victoria para la democracia, para el Estado de derecho, para la justicia", abundó Eric Mabuza, el abogado del partido de izquierda radical de los Combatientes por la Libertad Económica.
Zuma, que sobrevivió a numerosos escándalos desde su acceso a la presidencia en 2009, suscita cada vez más críticas tras la histórica derrota que sufrió su partido, el Congreso Nacional Africano (ANC), en las elecciones municipales de agosto.
La publicación del informe sobre la corrupción en el Gobierno podría debilitarlo aún más, incluso en su propio partido donde se libra una guerra abierta entre partidarios y opositores del presidente.
"Los daños que causa al país y al ANC se acumulan", apunta Mcebisi Ndletyana, profesor en Ciencias Políticas en la universidad de Johannesburgo.
"Los llamamientos a su dimisión frente a estos elementos irrefutables irán en aumento", incluido en el seno de su partido, dijo en una entrevista para la AFP.
El martes, Zuma recibió un ataque inesperado: la muy respetada fundación del expresidente Nelson Mandela pidió su renuncia. Y uno de los principales sindicatos de la función pública, Nehawu, un aliado histórico del ANC, también reclamó que abandone el cargo.
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