La sentencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, recoge como hechos probados que el alcalde de la localidad no llevó a efecto una resolución dictada por el alcalde anterior poco antes de las elecciones que le dieron el cargo en la cual solicitaba el cese de la actividad para la granja de cerdos al carecer de licencia. Dicha resolución de Alcaldía devino en firme al no haber sido recurrida por el propietario.
Explica el juzgado que no se procedió a dicha clausura "pese a las diversas denuncias de los vecinos al continuar su propietario realizando obras", tras lo que el Ayuntamiento no adoptó ninguna medida, salvo la declaración de lesividad en un expediente del 28 de junio de 2012.
Dejando transcurrir en exceso los dos meses preceptivos para interponer demanda contencioso-administrativa para la declaración de lesividad, que no fue presentada sino hasta el día 10 de abril de 2013, los vecinos interpusieran reclamación previa a la vía judicial, a fin de que se procediera a clausurar la granja.
Esta reclamación no fue contestada por lo que en fecha 6 de junio de 2013 se interpuso recurso contencioso-administrativo. Se da el caso que desde la firmeza de la resolución por la que se acuerda el cese de la actividad hasta la presente fecha "no se ha procedido a clausurar la granja, que carece de licencia para la actividad que desarrolla".
"LA SENTENCIA HACE JUSTICIA CON LOS VECINOS"
La sentencia la ha hecho pública el despacho Bermúdez Abogados de Talavera de la Reina, quien considera que esta decisión "hace justicia y demuestra que el actual alcalde, de una forma consciente, deliberada y arbitraria, ha intentado beneficiar a un exconcejal del Ayuntamiento y compañero de partido en contra de la legalidad y contra los intereses de los vecinos que durante seis años llevan soportando los olores, insalubridades y molestias de dos granjas, una que no debió abrir y otra que debió cerrar".
"Los vecinos, con su constancia y soportando los gastos en procedimientos judiciales, están consiguiendo que los tribunales obliguen al Ayuntamiento a cumplir con la legalidad", añade el despacho en nota de prensa, agregando que confían en que con esta sentencia "el alcalde deje de gastar dinero público para defender intereses particulares".
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