Los diputados al Congreso guatemalteco integraron este martes la comisión que conocerá el levantamiento de la inmunidad a un magistrado de la Corte Suprema acusado de apoyar un polémico contrato de usufructo con una empresa española, informó una fuente oficial.
Los legisladores, por medio de un sorteo, definieron a los cinco integrantes de la comisión pesquisadora, que estará integrada por cuatro congresistas de un partido socialdemócrata de oposición y una del partido gobernante, dijo a periodistas el presidente del Parlamento, Mario Taracena.
La comisión estará la encargada de analizar la solicitud de desafuero contra el magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Douglas Charchal.
El pasado 28 de abril, los 13 magistrados de la Corte Suprema aceptaron tramitar el caso en el Congreso, cuya comisión deberá dictaminar si pierde la inmunidad y someterlo a los tribunales de justicia.
La comisión será presidida por el diputado Julio López, de la opositora Unidad Nacional de la Esperanza (UNE, socialdemócrata), que gobernó entre 2008 y 2012 con el entonces presidente Álvaro Colom.
La fiscalía pidió eliminar el derecho de inmunidad al funcionario para determinar si tiene vínculos con el supuesto fraude en un contrato de usufructo por 25 años prorrogables entre la Empresa Portuaria Quetzal (EPQ) con la Terminal de Contenedores Barcelona.
Charchal fue denunciado el pasado 15 de abril por la Fiscalía General de favorecer con resoluciones judiciales la firma del contrato portuario sobre el Pacífico (sur).
Según la investigación de la Fiscalía, el magistrado incurrió en tráfico de influencias para beneficiar a la empresa española, que trabaja en Guatemala bajo el nombre de Terminal de Contenedores Quetzal.
Las pesquisas de la Fiscalía determinaron que el expresidente Otto Pérez y la exvicepresidenta Roxana Baldetti, ambos en prisión, también facilitaron la firma del contrato en el que supuestamente hubo una comisión de 30 millones de dólares.
Pérez y Baldetti están en prisión por otro caso de corrupción, acusados de supuestamente encabezar una red de defraudación fiscal en las aduanas.
El presidente Jimmy Morales ya giró instrucciones a la Procuraduría General de la Nación (PGN) para buscar la nulidad de la adjudicación del polémico contrato firmado el 4 de abril de 2012 en medio de señalamientos de irregularidades.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios