El Parlamento ha tomado esta decisión por 198 votos a favor, frente a 35 en contra y 104 abstenciones. La nueva ley prevé penas de prisión de entre cuatro y diez años para los condenados por este delito, penas que se elevan hasta los doce años si la tortura es llevada a cabo por un funcionario público.
El proyecto entró en el Senado en julio de 2013 y no entró hasta dos años después en la Cámara, según ha recogido el diario 'Repubblica'. Hasta su aprobación, ha supuesto una gran división entre las fuerzas políticas italianas.
Los detractores de esta norma sostienen que se trata de una medida para castigar a la Policía, limitando su ámbito de trabajo, si bien el Partido Demócrata ha señalado que se trata de una ley que llena "un vacío" legal.
Hace apenas dos semanas, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) declaró a Italia culpable de tortura por la brutalidad de las cargas policiales llevadas a cabo contra los activistas antiglobalización desplazados a la cumbre del G8 celebrada en Génova en 2001 y que se saldaron con la vida de Carlo Giuliani, un joven de 21 al que alcanzó una bala de la Policía.
El TEDH declaró que las leyes italianas eran inadecuadas para castigar y con ello impedir los actos de tortura cometidos por la Policía e instó entonces al Gobierno a hacer los cambios necesarios.
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