GARZÓN ESTUDIA ACCIONES JURÍDICAS Y LEGALES CONTRA LA FUNDACIÓN FRANCISCO FRANCO POR GUARDAR DOCUMENTOS OFICIALES

El coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, estudia nuevas acciones judiciales y políticas por la documentación oficial sujeta a secreto que custodia la Fundación Francisco Franco y que en su opinión debería estar en manos de una institución pública competente en aplicación de la legislación vigente.
Según informó este lunes Izquierda Unida, Garzón ha puesto en manos del equipo jurídico de la coalición la respuesta parlamentaria enviada por el Gobierno, en la que reconoce que, a pesar de su condición de entidad privada, la Fundación tiene en su poder "documentos de carácter estatal clasificados como secretos".
Quieren investigar si eso vulnera la Ley de Secretos Oficiales y si el Gobierno puede estar incurriendo en una "clara dejación de sus funciones" al no exigir a la Fundación la entrega de toda la documentación original que entra dentro de esa categoría de secreto oficial, y no solo las copias.
Garzón explica que en su respuesta parlamentaria el Gobierno solo explica que ha reclamado a la Fundación que retire de consulta pública esos documentos e informe sobre ellos a la Administración "para poder protegerlos convenientemente y que no se divulguen", pero no precisa el destino final de la documentación original.
"UNA INSTITUCIÓN PÚBLICA COMPETENTE"
La coalición alerta de que la Fundación Francisco Franco también está obligada al cumplimiento de la ley, y denuncia la "pasividad cómplice" del Gobierno frente a sus "flagrantes incumplimientos".
"Aplicando simplemente la lógica y el sentido común, consideramos que esta documentación debería ser custodiada por una institución pública competente y no en una entidad privada. Debería permanecer en custodia en el archivo del Ministerio de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales, en el caso de la generada en la Presidencia de Gobierno, o en el Archivo General de Palacio, para la gestada en la Jefatura del Estado", asegura.
En la pregunta dirigida al Gobierno, Garzón alertaba de que la Fundación Francisco Franco tiene en su poder documentación de la Secretaría de la Jefatura del Estado y de la Presidencia del Gobierno hasta junio de 1973, cuando se nombró presidente al almirante Luis Carrero Blanco.
El Gobierno respondió que se ha cursado la pertinente petición para que la Fundación "retire del posible acceso público" la documentación clasificada como secreta. Con ello, dice Garzón, el Ejecutivo "reconoce ahora sí de forma explícita y por escrito que no ha hecho nada en relación con los originales que contienen información clasificada como secretos oficiales y que, por lo que parece, no tiene intención de hacerlo".
Ante esa evidencia, Izquierda Unida acelerará la tramitación de una proposición no de ley que ya registró en el Congreso de los Diputados en la que insta al Gobierno a "cerrar cautelarmente el acceso público al archivo de la Fundación Nacional Francisco Franco en tanto no se recuperen los documentos públicos clasificados" y trasladar la documentación que no sea estrictamente personal a los archivos públicos correspondientes.