El Defensor del Pueblo recibió el año pasado un total de 16.485 escritos de queja de los ciudadanos, un 7,5% menos que en 2015, atendió 39 solicitudes de recurso de inconstitucionalidad, inició 872 actuaciones de oficio y formuló 708 recomendaciones y 807 sugerencias de las que el grueso fueron aceptadas, según dicho informe anual.
Por área temática, el grupo más amplio de quejas fue sobre la Administración de Justicia, con 1.649; seguida del área de Migraciones, con 1.069; los asuntos relativos a empleo público, 1.067; de empleo y seguridad social, 1.054 y de Interior, 1.050. El 56,26% de estas quejas ciudadanas fueron admitidas, frente a un 36,12 de inadmitidos y un 7,62% que quedaron en estudio al cierre del informe. De los admitidos, eran el 16,39% los que se habían concluido terminado el año.
Fruto de estas reclamaciones, el Defensor del Pueblo formuló 1.771 sugerencias y recomendaciones de las que 619 fueron aceptadas, 140 resultaron rechazadas, 444 estaban sin contestar al cierre del informe y 312 aún en trámite, según el resumen estadístico de la institución.
Además, recibió 39 solicitudes de ciudadanos que pedían al Defensor que presentase un recurso de inconstitucionalidad contra distintas normas, como la Ley del Voluntariado o la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero la institución no cursó ninguna. Tampoco tramitó por no considerarlo oportuno, ninguna de las 19 solicitudes de petición de amparo al Constitucional que se le plantearon.
Los datos reflejan que el tiempo medio de respuesta en el primer contacto con el ciudadano para la admisión, no admisión o solicitud de más datos sobre su queja se situaron en 28 días (29 en 2015) y el plazo de resolución medio fue de 48 días (47 un año antes). Mientras, la Administración General del Estado tardó de media 70 días en contestar al Defensor del Pueblo y los ayuntamientos se explayaron hasta 105 días de promedio.
De hecho, no todas las administraciones colaboran, aunque es su obligación, con la alta institución. En 2016 fueron tildadas de "entorpecedoras" 11 corporaciones municipales de distintos puntos de España cuyos casos han sido trasladados a la Fiscalía General del Estado. Se trata de los ayuntamientos de Barruelo de Santullán (Palencia), Cadaqués (Girona), Colmenar de Oreja (Madrid), El Viso de San Juan (Toledo), Gerindote (Toledo), La Pola de Gordón (León), La Unión (Murcia), Macael (Almería), Mazarrón (Murcia), Molvízar (Granada) y Nerja (Málaga).
En cuanto a la web de la institución, a lo largo del año ha recibido 945.242 visitas y se han abierto 456.215 sesiones. "Se han desarrollado nuevos servicios en la página web y en la comunicación digital con losciudadanos, lo cual ha permitido recoger, más allá de las 8.808 quejas a través del registro telemático, un número muy significativo de encuestas con información relevante para la realización de los estudios monográficos y que, en algunos casos, han impulsado actuaciones de oficio ante la Administración", dice el informe.
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