La sección catalana de la Asociación Profesional de la Magistratura ha advertido en un comunicado que la Generalitat de Cataluña ha empleado su "posición de preeminencia" sobre los empleados públicos para pedir públicamente que participaran en las concentraciones ante el Palacio de Justicia en apoyo al expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera Irene Rigau por la organización de la consulta del 9N.
Dos asociaciones de jueces han calificado este lunes la manifestación como una "romería" dirigida a intimidar al tribunal encargado de juzgarles. En declaraciones a Europa Press, el portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura Celso Rodríguez, ha criticado la actuación, y ha recordado este tipo de acciones "que intentan influir en el ejercicio de la jurisdicción de un tribunal" no resultan concebibles en un Estado de Derecho.
"Esto es un intento de presión", ha asegurado rotundamente Raimundo Prado, portavoz de la asociación Francisco de Vitoria que ha advertido a los concentrados que deseo y realidad no van de la mano en esta ocasión. "Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se va a conseguir", ha señalado y destacado que el tribunal no cederá al chantaje moral.
Ambas asociaciones han recordado que los tres acusados se sientan este lunes en el banquillo de los acusados después de un proceso de instrucción que ha contado con todas las garantías. Gozan --han dicho-- de su derecho constitucional a la presunción de inocencia.
Por ello, este rechazo público, ya habitual en decisiones judiciales que atañen a Cataluña y su desafío independentista, ahonda en la falta de respeto y resulta inadmisible, han dicho. Para Prado la manifestación recuerda a la "romería habitual" y es intolerable.
La Francisco de Vitoria ha reclamado, además, el apoyo "moral e institucional" del Consejo General del Poder Judicial en defensa de los magistrados y contra este tipo de injerencias en su independencia.
La sección de Cataluña de la APM ha denunciado, además, en su nota la "tergiversación del objeto del juicio" y destacado que no es, como interesadamente se ha repetido una y otra vez, "ni un juicio a la democracia ni un juicio por poner la urnas el 9N de 2014, sino la acusación por desobediencia a las decisiones del Tribunal Constitucional y por prevaricación administrativa en cuanto a las decisiones adoptadas, dirigida por el Ministerio Fiscal y diversos colectivos contra las tres personas antes mencionadas.
Rechaza así expresiones como "juicio político", "juicio a la democracia" o "juicio franquista auspiciado por un GAL político", dirigidas, en su opinión a deslegitimar la actuación del Poder Judicial con carácter previo a la adopción de su decisión.
AMONESTACIÓN DEL TRIBUNAL
La manifestación de apoyo a los acusados ha perturbado el inicio de la vista oral, que ha comenzado con un retraso de media hora. Según establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, el tribunal encargado de juzgarles puede amonestar a los acusados si considera que su actitud ha supuesto una perturbación del orden del juicio.
Según recoge la norma en su artículo 191 y posteriores, los que perturbaren la vista de algún proceso pueden ser amonestados en la vista por quien presida. El presidente del tribunal puede, también, aplicar multas si considera que se ha faltado a la consideración, respeto y obediencia debida.
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