Terremoto político en un día de infarto. A primera hora de la mañana una noticia ocupaba espacio en todos los medios. Cifuentes, el adalid anticorrupción del PP, la mujer que había entregado informes sobre el Canal Isabel II que han llevado a la cárcel a Ignacio González, era señalada. La OCU pedía que fuera investigada por la concesión de la cafetería de la Comunidad de Madrid a la empresa Cantoblanco Colectividades S.L. propiedad de Arturo Fernández.
Pocas horas después era la agencia EFE la que citando fuentes jurídicas señalaba que el juez del caso Púnica Eloy Velasco no tenía intención de proceder contra la presidenta madrileña Cristina Cifuentes, pese a que la UCO lo pedía por presuntos delitos de cohecho y prevaricación.
Según las mismas fuentes, ni el juez ni la Fiscalía Anticorrupción habían encontrado pruebas de que Cifuentes tuviera una participación en la financiación ilegal del PP.
Las fuentes han resaltado que la UCO, que señala indicios de delito en relación a la intervención de Cifuentes en esa mesa de contratación, la menciona al igual que a otras tantas personas y han recordado que lo que se investiga en esta pieza es la presunta financiación irregular del PP, hechos en los que no se considera que Cifuentes esté involucrada.Un informe rotundo
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en un informe aportado al sumario de Púnica, sí halló indicios de delito de cohecho y malversación en el papel de la actual presidente de la Comunidad de Madrid en la adjudicación de los contratos de cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, en la que participó como presidenta de la mesa de contratación y que se pudo decidir "de antemano".
En un informe de la UCO que analiza exclusivamente estas adjudicaciones se concluye que podrían estar amañadas y se denuncia el papel que tuvo en ellas la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.
Según el informe, estos contratos de "adjudicación de los contratos del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009 y 2011" a la empresa Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, "se articularon a través de una pluralidad de arbitrariedades que fueron cometidas por las personas que conformaron el comité de expertos en ambas licitaciones".
Entre las personas que formaron parte de ese comité y que la UCO menciona expresamente está Cifuentes, que fue presidenta de la mesa de contratación esos años (cuando era también vicepresidenta de la Asamblea de Madrid) pero que, advierte la Guardia Civil, está sujeta a aforamiento actualmente.
En este caso, se han detectado, en relación a estos hechos, "sólidos indicios que acreditarían cómo algunos de estos empresarios, como Arturo Fernández, fueron adjudicatarios de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes y donde habrían participado cargos públicos que también pertenecían por entonces al Patronato de la Fundación Fundescam cuando se efectuaron las aportaciones económicas detectadas, como es el caso de Cifuentes".
La UCO destaca que tras el análisis de la contratación al Grupo Cantoblanco se aprecia una "coincidencia [entre] integrantes del órgano de contratación y del comité de expertos con miembros de Patronato FUNDESCAM e integrantes del Comité de Campaña como Cristina Cifuentes Cuencas, quien compatibilizó el ser miembro del comité de expertos con la [responsabilidad] de ejercer como Presidenta de la Mesa de contratación, circunstancia contraria a la legalidad y que vulnera la imparcialidad que debe presidir la actuación de la Presidenta de la mesa de contratación".
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