En su comparecencia en comisión parlamentaria, el consejero ha precisado que mediante los nuevos procedimientos de gestión lleva ahorrados más de 21 millones de euros, que son importes no justificados que se han recuperado.
El consejero ha indicado que "desde que la Junta de Andalucía denunciara el presunto fraude en estas ayudas, en 2010 a raíz del caso Mercasevilla, han sido muchas las actuaciones que ha desarrollado el Gobierno andaluz para articular los mecanismos que posibiliten la restitución de los fondos públicos cobrados indebidamente".
Ha resaltado que ese proceso "se ha realizado desde el más estricto cumplimiento de la Ley, y gracias a la labor de los funcionarios, que han posibilitado el trabajo de comprobación de todas y cada una de las ayudas concedidas".
El consejero ha apuntado que esas revisiones "han convivido con el trabajo y el esfuerzo realizado por los funcionarios a la hora de dar respuesta a todos los requerimientos judiciales que se han producido desde el juzgado que investiga el presunto uso fraudulento de estas ayudas".
Maldonado ha detallado que la Junta solicitó desde octubre de 2011 la práctica de diligencias judiciales sobre personas y empresas de la Sierra Norte por la existencia de ayudas presuntamente ilícitas, algo efectuado entre 2011 y 2015 mediante la presentación de 13 escritos ante el juzgado de instrucción número 6 de Sevilla "insistiendo en la necesidad de practicar diligencias y advirtiendo del riesgo de posibles prescripciones", pero ha apuntado que "las diligencias que solicitó la Junta no fueron culminadas por la Justicia hasta febrero de 2015".
No obstante, ha resaltado que la Junta "ha seguido trabajando en la recuperación de estos fondos presuntamente irregulares articulando las medidas necesarias que lo posibiliten". En ese punto, ha explicado que las sentencias que se están emitiendo, "a pesar de resolver la nulidad de las ayudas, manifiestan que la reclamación de las cantidades debe hacerse a las entidades colectivas y no sobre los individuos que fueron beneficiarios".
Por ello, ha indicado que "se están acometiendo todos los procedimientos administrativos establecidos para reclamar todas esas ayudas declaradas nulas por las distintas sentencias judiciales", en cuanto a lo relativo a las sentencias judiciales que están recayendo sobre las reclamaciones que hacen los presuntos beneficiarios que o bien no figuraban como trabajadores de las empresas o no reunían los requisitos que se exigían.
No obstante, ha dejado claro que la Junta "tomó medidas con referencia a este asunto que se articuló en el Decreto-ley 4/2012, que puso en marcha un sistema diferente al que hasta ese momento se había seguido con el pago de esos gastos externos".
El consejero ha explicado que se eliminaron esos gastos mediante este decreto-ley, en aras de "un mejor procedimiento administrativo y presupuestario al que existía hasta ese momento; una mejor adaptación a la coyuntura actual; y una eliminación de intermediarios al asumir directamente la Junta el abono de los pagos, mediante la novación de las pólizas detrayendo todas las sobrecomisiones, lo que se está traduciendo en un ahorro para las arcas públicas al eliminar comisiones abusivas".
A este respecto, Maldonado ha apuntado que el Gobierno andaluz "ha reforzado los elementos de control, tanto jurídicos como de verificación y seguimiento de todas las ayudas reguladas por el citado Decreto-ley, en especial, las instrumentadas a través de la financiación de contratos de seguro colectivo de rentas, lo que ha posibilitado contar con asesoramiento técnico especializado ajustando los importes de primas única a financiar".
Así, ha recordado que en concreto el Decreto-ley 4/2012 ha suprimido los gastos de adquisición o comisiones externas a futuro y la supresión del exceso de dichas comisiones en el pasado llevándolas a precios de mercado, lo cual ha posibilitado un ahorro de más de 21 millones de euros, que son importes no justificados que se han recuperado.
La diputada de Ciudadanos Marta Bosquet ha lamentado la "falta de medios" de la Justicia para acometer los procedimientos judiciales en este asunto de los ERE, lo cual ha provocado retrasos en los procedimientos y ha causado la "prescripción de determinadas imputaciones", aunque considera que "esa prescripción no tiene que significar la no devolución del dinero".
Considera que "se va a perder la posibilidad de que sean juzgadas esas cuestiones, pero no queremos que esas cantidades económicas también se pierdan, con independencia de la prescripción del delito", ha aseverado Bosquet, quien considera que la Junta "tiene la obligación de utilizar los medios para que esas cantidades económicas no se pierdan".
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