Los trabajos en beneficio de la comunidad, que representan el 15 por ciento de todas las medidas de reeducación de menores infractores en medio abierto impuestas en Andalucía, son desarrolladas por la Junta en la provincia de Jaén a través de los 44 convenios que tiene firmados para ello, el 64 por ciento con administraciones locales y el 36 por ciento con entidades privadas de la provincia.
"Los convenios con ayuntamientos y entidades no comportan ninguna contraprestación económica y tienen como finalidad la colaboración institucional para la educación y reinserción social de los menores infractores mediante una intervención en su entorno que contribuya a la prevención de conductas de riesgo", ha explicado la delegada del Gobierno andaluz, Ana Cobo.
Los acuerdos para la prestación de servicios en beneficio de la comunidad de menores infractores los ha firmado este miércoles durante un acto al que han asistido también la vicepresidenta de la Diputación, Pilar Parra, y representantes de los ayuntamientos de Alcalá La Real, Alcaudete, Andujar, Arjona, Baeza, Bailén, Beas de Segura, Cazorla, Ibros, Jaén, Jódar, La Carolina, La Guardia, Linares, Mancha Real, Martos, Mengibar, Navas de San Juan, Pozo Alcón, Quesada, Torredelcampo, Torredonjimeno, Úbeda, Villacarrillo, Villanueva del Arzobispo y Villatorres.
Por otro lado, la delegada del Gobierno andaluz ha destacado que la medida de Prestación Social en Beneficio de la Comunidad la utilizan los jueces para infracciones tipificadas como delitos leves o menos graves.
"Es una de las medidas que mejores resultados obtiene gracias a la implicación del personal de los ayuntamientos y entidades privadas que ofrecen actividades de apoyo a la limpieza y jardinería, colaboración con policía local o bomberos, así como ayuda a personas mayores y dependientes, protección de animales y cuidado del medio ambiente", ha comentado.
En este sentido, Cobo ha remarcado que estas acciones pretenden que el menor se conciencie del delito cometido y devuelva a la sociedad el daño causado con su esfuerzo. Ha añadido que muchos de estos jóvenes terminan como voluntarios en las asociaciones con las que desarrollan esta medidas y "la inmensa mayoría, ocho de cada diez, no vuelve a delinquir".
Según los datos de Justicia e Interior, el perfil tipo de los infractores que se acogen a esta medida responde a un varón, de entre 15 y 17 años, con problemas familiares y fracaso escolar. Los delitos que suelen cometer son pequeños robos, peleas callejeras y destrozos de mobiliario urbano, entre otros.
Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Jaén ha destacado que los menores infractores de los municipios más pequeños son atendidos a través de los 14 centros de servicios sociales comunitarios de la provincia donde trabajan 172 educadores sociales. "Hablamos de medidas muy educativas con las que se pretende que los menores que han cometido un delito leve a la sociedad reflexionen y vuelvan a integrarse en la sociedad", ha señalado.
MEDIA DE 50 HORAS
Esta decisión judicial se traduce en acciones relacionadas con el interés social o el beneficio de personas en situación de vulnerabilidad y acorde con la naturaleza del hecho cometido. El juez puede condenar a los menores hasta un máximo de 200 horas, aunque la media ronda las 50. Retirar grafitis, ayudar en centros de salud, recoger basura del botellón, acompañar a personas mayores, seguridad vial o limpieza de parques son algunas de las tareas impuestas.
El desarrollo de la medida judicial queda plasmado en la elaboración de un proyecto individualizado de ejecución de medida en el que se concretarán las actividades a realizar en función de las características del menor, el hecho cometido y la red de apoyo externo que le permita superar los obstáculos presentados. Estos proyectos han de ser aprobados por el juez de menores para su inicio y ejecución.
El objetivo principal de las medidas comunitarias impuestas es que el menor sea consciente de que la comunidad, o determinadas personas, han sufrido de forma injustificada unas consecuencias negativas de su conducta, que ésta es reprobable y la prestación que se les exige es un acto de reparación justo.
Dado que se posibilita que los jóvenes puedan realizar estas tareas en el propio entorno territorial y social donde comparte valores, gustos, tendencias y vínculos afectivos reparando el daño causado, la medida tiene efectos beneficiosos tanto para ellos como para los municipios en los que se llevan a cabo.
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