La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha iniciado una nueva línea de investigación en la lucha contra el fraude masivo en las subvenciones al empleo de la Junta de Andalucía.
Así, los agentes se han centrado en las Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt), organismos municipales creados en 2002 por el Ejecutivo de Manuel Chaves con la complicidad de UGT y CCOO.
Según sospecha la UDEF, estas agencias se utilizaban para colocar a socialistas a dedo, lo que supuso un coste injustificado de 57,3 millones de euros.
Sin embargo, esta línea de investigación no es excesivamente novedosa. Ya se sospechaba de estos organismos cuando se ahondó en el fraude de los ERE y de los cursos de formación.
En este sentido, la Cámara de Cuentas de Andalucía denunció en 2012 que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) desviaba fondos que camuflaba como gastos comunes. Consecuencia de ello, el Sindicato Andaluz de Funcionarios (SAF) pidió en 2014 a la Fiscalía Superior de Andalucía que abriera diligencias de investigación sobre este informe de la Cámara de Cuentas que detectó que la Junta de Andalucía había repartido "sin control" 57 millones de euros entre las 95 Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico.
De esta manera, el SAF pedía que el fiscal superior de Andalucía investigara si de los hechos descritos por la Cámara de Cuentas se derivaban posibles delitos de prevaricación y nombramiento ilegal.
Atendiendo esta petición, la Fiscalía Superior de Andalucía solicitó a la Junta de Andalucía que entregara a la Policía Judicial "los datos precisos" sobre las personas y departamentos responsables de las ayudas concedidas a las Utedlt en el trienio 2010, 2011 y 2012 y la "documentación concreta en cada supuesto".Cádiz, la provincia más afectada
Ahora, según desvela El Confidencial, las pesquisas de la UDEF se encuentran en una fase inicial limitada a la provincia de Cádiz, donde se concentra el mayor número de irregularidades.
Tal y como explica el digital, se está a la espera de que el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cádiz, Miguel Ángel López Marchena, acuerde la imputación de los presuntos máximos responsables de la trama en esa provincia. La UDEF, que ha respetado el período electoral, remitió a principios de la semana pasada un informe en el que solicitaba formalmente que se acusara los máximos responsables de los ocho consorcios que se crearon en Cádiz.
Por otro lado, en el informe policial se detalla que los programas de fomento del empleo no se realizaron, que se omitieron las inspecciones de gasto, que no se justificó el destino del dinero y que se alteraron datos para manipular el resultado de la inversión.
En el caso de Cádiz, el dinero sirvió para colocar en las estructuras de sus organismos implicados a personas vinculadas con el PSOE y con entidades y fundaciones de su entorno, es decir, que podría constituir delitos de prevaricación administrativa y fraude.Faltan datos para la investigación
No obstante, la UDEF tendrá complicado recabar datos suficientes para la investigación. Conscientes de la sospecha de la Cámara de Cuentas, la Junta eliminó las Utedlt y los integró en un nuevo ente, el Servicio Andaluz de Empleo (SAE).
La Cámara de Cuentas de Andalucía, de hecho, explicó en su informe de enero de 2014 que no pudo investigar adecuadamente a las Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico porque la Junta las desmanteló antes de su inspección.
"Es necesario señalar la dificultad que suponía la localización de la documentación solicitada, ya que las sedes de los consorcios habían sido desmanteladas. Al respecto, hay que añadir que la reestructuración de competencias entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa supuso la salida de la estructura básica de los consorcios Utedlt tal y como se mencionaba y motivó, a su vez, la cesión de las instalaciones y buena parte del equipamiento a la Fundación Red Andalucía Emprende", justificó esta Cámara.
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