De Llera asegura que no comparte una decisión "precipitada y sin la
valoración de los tribunales superiores y de las comunidades autónomas"
El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha asegurado este miércoles en el Parlamento que Andalucía "hará todos los esfuerzos necesarios" para cumplir las exigencias del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) respecto a los juzgados especializados en cláusulas suelo, aunque, ha asegurado, "la Junta no comparte que ésta sea la solución al problema".
De Llera ha señalado que el departamento que dirige está ante "una tarea muy complicada" porque la orden del CGPJ implica un desembolso improvisado de más de 800.000 euros.
La decisión afecta directamente a la ejecución del presupuesto asignado a la Consejería de Justicia e Interior para 2017, unas cuentas que inicialmente carecen de previsión para lo que se pretende, por lo que sería necesario llevar a cabo un procedimiento de modificación presupuestaria que permita dotar de créditos los refuerzos solicitados. "Es materialmente imposible improvisar las cuantías necesarias para llevar a cabo el gasto preciso", ha explicado De Llera.
El consejero ha indicado que no está de acuerdo con poner en marcha "medidas precipitadas, sin un análisis previo sólido, sin el consenso de las asociaciones de profesionales, sin la valoración de los tribunales superiores y sin la opinión de las comunidades autónomas".
De Llera ha señalado en la Comisión parlamentaria de Justicia e Interior que la entrada en vigor de esta medida, este mismo jueves, "supone un plazo claramente insuficiente teniendo en cuenta el territorio que comprende la comunidad autónoma andaluza".
"También es muy complicado dotar de medios materiales y espacio físico a un órgano judicial por provincia en un plazo tan breve ya que la propuesta exigiría igualmente la dotación de mobiliario y equipos informáticos para 44 funcionarios y ocho jueces y magistrados", ha dicho el consejero.
Por otro lado, según el CGPJ, la especialización ha de ir acompañada de medidas de refuerzo, adscribiendo al juzgado especializado uno o varios Jueces de Adscripción Territorial (JAT), once en el caso de Andalucía y que son jueces en prácticas de la LXVII promoción de la Escuela Judicial. Entre las medidas de refuerzo que se plantean, también figura el nombramiento de letrados de la Administración de Justicia y de funcionarios por parte de las Administraciones competentes, así como la asignación de medios materiales.
El consejero también ha recordado que esta decisión no ha encontrado apoyos en el colectivo de jueces y magistrados así como en distintas juntas de jueces en Andalucía y la misma Sala de Gobierno del TSJA. "Y no sólo el sector de la judicatura", ha dicho De Llera.
A pesar de todo ello, el consejero ha reiterado que "Andalucía va a responder para que se provoque el menor perjuicio posible a las personas afectadas por esta situación".
UN TOTAL DE 54 JUZGADOS ESPECIALIZADOS
La Comisión Permanente del CGPJ aprobó el pasado 25 de mayo la especialización de un total de 54 juzgados de Primera Instancia, uno por provincia, con competencia extendida a todo el territorio de la misma, que de manera exclusiva y no excluyente conozca de la materia relativa a las acciones individuales previstas en la legislación de condiciones generales de la contratación y la protección de consumidores y usuarios.
Esta especialización se hace al amparo del artículo 98.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece que el CGPJ "podrá acordar de manera excepcional y por el tiempo que se determine, con informe favorable del Ministerio de Justicia, oída la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia y, en su caso, la Comunidad Autónoma con competencias en materia de Justicia que uno o varios Juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos y, en su caso, de las ejecuciones que de los mismos dimanen, sin perjuicio de las labores de apoyo que puedan prestar los servicios comunes constituidos o que se constituyan".
En este sentido, el consejero ha recordado que el artículo 560.4 de la LOPJ exige el informe favorable de la comunidad autónoma cuando las medidas adoptadas por el CGPJ supongan un incremento de gasto para ésta.
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