Los Gobiernos europeos aprobaron las sanciones en julio de 2014 --congelación de activos y prohibición de entrada en la UE-- contra el antiguo compañero de yudo de Putin en respuesta a la crisis ucraniana por ser "accionista principal de Giprotransmost, empresa" a la que el Estado ruso contrató para un estudio de viabilidad de la construcción de un puente desde Rusia hasta Crimea, "ilegalmente anexionada" y contribuir así a consolidar "su integración" en Rusia, menoscabando la integridad territorial de Ucrania.
Al renovar las sanciones contra Rotenberg a partir de marzo de 2015, los Veintiocho alegaron además que el empresario ruso era propietario de la sociedad Stroygazmontah, que recibió el contrato público para construir dicho puente entre Rusia y Crimea y que presidía la Junta Directiva de la editorial Provescheniye, responsable de la campaña de relaciones públicas 'A los hijos de Rusia: Dirección Crimea' para "convencer a los niños de Crimea que ahora son ciudadanos rusos".
El empresario ruso ha solicitado a la Justicia europea la anulación de las sanciones contra él hasta el 15 de septiembre de 2016, algo que sólo ha aceptado parcialmente el Tribunal General de la UE.
Así, el Tribunal europeo ha acordado anular las sanciones contra Rotenberg entre el periodo entre el 31 de julio de 2014 y el 14 de marzo de 2015 por "errores manifiestos de apreciación" para justificar las sanciones pero las ha confirmado para el periodo entre el 15 de marzo de 2015 y el 15 de septiembre de 2016.
El tribunal europeo argumenta, entre otros, para anular parcialmente las sanciones que los contratos del Estado ruso de los que se benefició el empresario se corresponden a un periodo anterior al período en el que el presidente Putin empezó a amenazar a Ucrania y los Gobiernos europeos no han demostrado que se hubiera favorecido por éste en el momento en que éste inició las acciones contra Ucrania.
En cambio, justifica las sanciones a partir del 15 de marzo de 2015 porque Rotenberg no ha negado que su sociedad Stroygazmontazh se adjudicara el contrato público para construir el puente entre Rusia y Crimea, consolidando así su integración en Rusia y menoscabando "en mayor medida" la integridad territorial de Ucrania y tras determinar que la campaña de relaciones públicas para convencer a los niños de Crimea que son "ciudadanos rusos" fue ejecutada por orden de Putin y contribuye también a menoscabar la integridad territorial de Ucrania.
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