KPMG acusa a la CAM de ocultarle datos contables esenciales para la auditoría

La Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ocultó información contable esencial a KPMG días antes de su intervención por el Banco de España. Así lo han manifestado dos de los socios de la auditora que esta mañana han declarado como testigos en la séptima jornada del juicio de la CAM. Uno de los auditores ha mostrado además su sorpresa por la ausencia, en pleno pico de la crisis, de dotaciones suficientes para cubrir el riesgo de crédito. En lugar de dotarlas con 1.100 millones, como exigía el Banco de España, habían liberado 80 millones.

La información que la caja ocultó a sus auditores se refería a cuatro operaciones de titulización de préstamos hipotecarios que permitieron a la entidad presentar unos beneficios de 201 millones en sus cuentas de 2010. Esos activos se vendieron a fondos de inversión de Irlanda y Países Bajos. Pero al mismo tiempo, la CAM firmó con los inversores una opción de compra sobre los bonos por la misma cantidad por los que los había vendido. Anticorrupción sostiene que este fue el principal mecanismo de manipulación de las cuentas, ya que, al adquirir esas opciones de compra, no se transfirió a los fondos el riesgo de esas hipotecas.

La CAM encargó a KPMG asesores en 2010 que informara sobre si la contabilización de esas operaciones se había realizado correctamente. Y KPMG respondió en varios informes afirmativamente. Esta mañana, en la Audiencia Nacional, el autor de esos informes, Julio Álvaro, ha manifestado ante el tribunal que los redactó en base a la información que le facilitó la caja. Y en esa información no constaban los contratos de opción de compra. “No puedo decirle por qué no me los facilitaron” respondió Álvaro al fiscal Luis Rodríguez Sol.

Esas opciones de compra solo aparecieron tras la intervención de la caja por el Banco de España el 24 de julio de 2011. Así lo ha relatado en el juicio Francisco Javier Muñoz, también socio auditor de KPMG al que se encargó un informe de revisión de los resultados del primer semestre de 2011 que exigía la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

“Cuando íbamos a comenzar los trabajos para redactar el informe de 2011 me llamó un gerente que estaba con el equipo de inspectores del Banco de España”, ha respondido Muñoz cuando el fiscal le ha preguntado cómo conoció esas opciones. “Uno de los inspectores que estaban allí me enseñó los contratos y me dijo que ellos tampoco los conocían. De su análisis nos dimos cuenta de que su contabilización como beneficios no era procedente”, ha añadido.

La persona que presuntamente ocultó esta información fue Salvador Ochoa, ex director de Información Financiera de la CAM, para el que el fiscal pide 1 año y dos meses de cárcel. Junto a él se sientan en el banquillo Modesto Crespo -expresidente de la caja, al que solo acusa el Fondo de Garantía de Depósitos-, los ex directores generales Roberto López Abad y Dolores Amorós, el ex director de Planificación Financiera Teófilo Sogorb; el de Inversiones y Riesgos, Francisco José Martínez García, y Juan Luis Sabater, ex director de Financiación y Gestión de Liquidez.

Muñoz, el auditor de KPMG, ha relatado, además, cómo la CAM había incumplido su obligación de dotar provisiones por el riesgo inmobiliario de 1.100 millones de euros, por lo que tuvieron que elaborar un informe de errores e irregularidades. Al contrario, en los seis primeros meses de 2011, la caja, en lugar de aumentar esas provisiones, había liberado 80 millones.

El abogado del Fondo de Garantía de Depósitos, Carlos Gómez-Jara, le ha preguntado si recordaba alguna entidad que, en esas fechas, liberara provisiones tal y como estaba el mercado. “2011 fue el año más duro de la crisis”, ha respondido. “Se esperaba que las entidades hicieran esfuerzos por provisionar, no por liberar”.