De Llera destaca el funcionamiento del centro de menores "para la resocialización" de los más jóvenes

De Llera destaca el funcionamiento del centro de menores "para la resocialización" de los más jóvenes

En declaraciones a los periodistas, el consejero ha subrayado "la apuesta" del Gobierno andaluz en esta materia con "un modelo de justicia juvenil integral, completo y de calidad", a lo que añadido que Andalucía es "la única comunidad que ofrece la posibilidad de cumplir todas las medidas que prevé la Ley de Responsabilidad Penal del Menor".

En este sentido, ha destacado que, según un estudio realizado por la Universidad de Almería, "más del 80 por ciento de los menores que pasan por centros de este tipo no vuelve a cometer un delito. Se rehabilitan y se reinsertan".

La puesta en marcha de este centro en la provincia onubense ofrece, según ha incidido el consejero, la oportunidad de que los menores con medidas acordadas por los juzgados de menores de Huelva las cumplan en unas instalaciones cercanas a su entorno, favoreciendo así su resocialización y el trabajo con las familias.

Con este centro se ha culminado la organización y funcionamiento de la red de recursos centros y servicios de justicia juvenil a disposición de los juzgados y fiscalías de menores en Andalucía, ha destacado el consejero en su visita.

De Llera ha subrayado que la creación del centro en esta provincia ha sido un objetivo prioritario para la consejería que dirige desde el inicio de la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores, así como una reclamación por parte de todas las instancias que intervienen en la aplicación de la misma, destacando las recomendaciones al respecto del Defensor del Menor, Defensor del Pueblo y la Fiscalía de Menores de Huelva.

El centro de internamiento, que gestiona Fundación Diagrama, está ubicado en el término municipal de la capital onubense y cuenta con 20 plazas, de las cuales están ocupadas actualmente 19. En las instalaciones trabajan, además del personal directivo, juristas, psicólogos, trabajadores sociales, educadores, personal de servicio y de mantenimiento, monitores y de seguridad contratados en Huelva y su provincia.

El centro se ubica en un edificio de tres plantas en el que se ubican los hogares de convivencia y los espacios destinados a los profesionales, mientras que en instalaciones anexas se encuentran las aulas y otros servicios propios del centro. La reforma integral del inmueble, llevada a cabo por la entidad adjudicataria, permite disponer de todas las garantías de seguridad que exige la normativa vigente mediante cámaras de videovigilancia, apertura automática de las puertas y la dotación de elementos antivandálicos.

INTEGRACIÓN SOCIOFAMILIAR

De Llera ha resaltado que los menores tienen la posibilidad de aprender a convivir, mejorar su comportamiento, adquirir hábitos de estudio, completar su formación básica, realizar talleres y mejorar habilidades a través de procesos e itinerarios personalizados, con el objetivo de garantizar su integración sociofamiliar tras la ejecución de la medida judicial.

El esfuerzo del Gobierno andaluz para la reinserción de los jóvenes infractores se traduce en la mejora de la oferta de plazas en relación a la distribución geográfica de la demanda y en que se ha triplicado tanto el número de plazas de internamiento como el presupuesto dedicado a la intervención de menores desde 2002. En 2016, la Junta destina 81,9 millones de euros a este ámbito.

Por otro lado, la Junta de Andalucía potencia la mediación penal extrajudicial e intrajudicial en el ámbito de los menores infractores y ha regulado exhaustivamente las condiciones que tienen que cumplir los centros en Andalucía y las actuaciones de control y supervisión de la Consejería con los prestatarios de estos servicios. Además, ha creado la Comisión Andaluza de Centros de Internamiento de Menores Infractores.

La Consejería de Justicia e Interior promovió durante 2015 la realización de 80 mediaciones con menores infractores en Huelva, un sistema de resolución extrajudicial de conflictos sin necesidad de llegar a juicio que facilita la reeducación a través de la conciliación y la reparación del daño a las víctimas.

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