Luciano Alonso: "No vimos las condiciones idóneas para sacar convocatoria de cursos de formación"

Así lo ha señalado en la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz sobre las subvenciones otorgadas por la Administración de la Junta de Andalucía en materia de Formación Profesional para el Empleo (FPE), desde 2002 hasta la actualidad.

A preguntas del diputado de IULV-CA José Antonio Castro ha señalado que desde su departamento se trabajó en los criterios que sería bueno estuvieran presentes paras las próximas convocatorias, pero "no se convocaron". Entre estos criterios, ha precisado la concurrencia competitiva, que la cuantía mayor de una subvención fuera de seis millones de euros y la prohibición de subcontratar. "En esa dirección se trabajó por si había opción de convocar", ha subrayado.

Cuestionado sobre qué condiciones impidieron que se reanudaran los cursos, Alonso ha indicado que, en ese momento, se buscó acelerar el proceso de justificación y revisión de los expedientes vivos. "Queríamos despejar el horizonte", ha apuntado Alonso, quien ha insistido en que seguir las recomendaciones de la Cámara de Cuentas y de la Intervención General eran el "quijote de cabecera" y el encargo de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.

En este punto, a preguntas del diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe, el exconsejero ha señalado que la Cámara de Cuentas y la Intervención "animaban un poquito" a acabar con la situación "no buena de la tramitación de expedientes vivos".

"NO CRIMINALIZAR"

Asimismo, el exconsejero de Educación, Cultura y Deporte ha reclamado que no se criminalice ni se caiga en un "descrédito tan negativo" de la formación profesional para el empleo y de los agentes que en ella participan porque ha contribuido "de manera decidida a la cualificación y a la inserción laboral" y ha subrayado que el sistema andaluz para su gestión es "mucho más garantista" con el dinero público que cualquier otro regional o que el estatal.

En una primera extensa intervención ante la comisión de investigación, Alonso ha lamentado que los "grandes titulares de fraude masivo" y la mezcla de procedimientos judiciales y policiales con el trabajo administrativo ha contribuido a la "demonización" de todo un sector y de la importancia que tuvo para la creación de empleo y el desarrollo de políticas públicos.

Así, ha subrayado que la Junta "ha sido y es la primera interesada" en que se aclaren los casos que se investigan por presunto fraude y mala utilización de los recursos públicos pero ha pedido que, hasta que terminen las investigaciones, "no se haya causa general" ni se "condene aleatoriamente".

"Hacemos un flaco favor criminalizando todas las actuaciones administrativas cuando son procedimientos ordinarios y genéricos que solo pretenden garantizar la seguridad del tercero y el buen uso del dinero público", ha reprochado.

El exconsejero ha insistido en que el sistema de tramitación administrativa andaluz ha sido "mucho más garantista" con el uso de dinero publico que en el resto del país, y ha rechazado que se pueda considerar que el concepto de exceptuación pueda eximir de la obligación de justificar.

"Nunca exoneré a una empresa de cumplir una obligación", ha incidido Alonso, que también ha defendido que las resoluciones de reintegro "no son sinónimo de fraude" sino el mecanismo que la administración emplea, dentro del procedimiento ordinario, para reclamar a un tercero que devuelva parte o el total de una subvención al haber comprobado que administrativamente no cumple con los criterios para ser objeto de la misma.

"NO HUBO PRESCRIPCIONES"

En el turno de preguntas de los grupos parlamentarios, Alonso ha señalado que cuando llegó a la Consejería se puso "manos a la obra" a revisar expedientes desde 2007, basándose en "un principio de igualdad, uno a uno y al completo, sin hacer excepciones" para que no hubiera prescripciones. De esta manera, se terminaba con la revisión por muestreo, que, según ha indicado, es la forma con la que se realizaba anteriormente y que también se usa a nivel nacional y en otras comunidades.

Para esto, consiguió dos refuerzos de personal y un interventor dedicado específicamente a este ámbito. No obstante, ha apuntado que el personal de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) no intervinó en la revisión de estos expedientes durante su mandato.

A preguntas de la diputada de Ciudadanos Marta Bosquet sobre el plazo de prescripción para los expedientes de 2007, Alonso ha afirmado que "no hubo ninguna prescripción en los 17 meses" que estuvo al cargo de la Consejería y ha señalado que "los expedientes vivos que llegaron, cuando se abren, el plazo para la prescripción se amplía".

De esta manera, ha precisado que llegaron a Educación, tras el traspaso de competencias a principios de abril de 2013, un total de 8.505 expedientes y no recibió alerta de que la documentación fuera incorrecta o incompleta. No obstante, preguntado sobre si en la revisión de expedientes encontraron incumplimiento, ha precisado que la Junta se personó en 13 causas al respecto.

Alonso ha afirmado que, en el proceso de revisión durante los 17 meses como consejero del ramo, no firmó ninguna exceptuación. "Tomé esa decisión, había una recomendación de la Intervención general y de la Cámara de Cuentas que decía que había que poner un poquito de orden y era buena la no exceptuación".

Cuestionado por el diputado del PP Miguel Ángel Torrico sobre ocho expedientes de 2002 y 2006 que estaban pendientes de revisar, Alonso ha señalado que estos seguían en Empleo. "A Educación llegaron los expedientes vivos, que era 8.505", ha reiterado.

Asimismo preguntado por el cese del ex director general de Formación Profesional para el Empleo Carlos Cañavate, el compareciente ha indicado que esta persona lo pidió por motivos personales.

De igual manera, sobre la decisión de los consejeros anteriores a él sobre el uso de las exceptuaciones, Alonso ha señalado que "nada se puede mirar con los ojos del ayer". "Como gobierno se tomó una decisión en una situación política económica, se tomó avalada por la recomendación de la Cámara de Cuentas e Intervención".

Por último, a preguntas del diputado del PSOE Rodrigo Sánchez Haro, el exconsejero ha afirmado que "nunca" dio ni recibió órdenes para saltarse la legalidad vigente y "nunca" ordenó que se relajaran los controles. "Justamente lo contrario", ha advertido.