En una nota remitida a Europa Press, Alonso ha reiterado su "plena confianza" en la Justicia y en que, al final del proceso, "quede sentado con toda claridad y sin ninguna duda lo más importante", y es que "siempre" actuó "convencido de la legalidad de esos nombramientos, con el único propósito de reorganizar del modo más eficiente las funciones de los empleados de confianza" a su cargo "para el mejor desempeño del servicio público en defensa de los intereses de los ciudadanos".
Asimismo, ha recordado que, en fase de instrucción, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) descartó la imputación de un delito de malversación de caudales públicos contenida en la querella del Ministerio Fiscal, de manera que "ha quedado aclarado que no ha habido ningún perjuicio para el erario público ni nadie se ha lucrado por los nombramientos realizados".
"Los tres designados desarrollaron funciones en ningún caso ajenas al interés público, lo que desmiente definitivamente la existencia de 'puestos fantasmas'", ha subrayado el ex consejero, que ha manifestado que, por tanto, el procedimiento "se limitará a dilucidar una cuestión técnica-jurídica consistente en aclarar si un precepto del Estatuto Básico de Empleado Público fue correctamente aplicado al reasignar las funciones de los empleados eventuales nombrados".
En este sentido, señala que, "equivocadamente", la Fiscalía "se refiere a la idoneidad de los nombrados, olvidando que como eventuales eran puestos de confianza, sobre los que no es exigible la misma".
"IMPROCEDENTES" REFERENCIAS DEL FISCAL
Además, Luciano Alonso tacha de "inadecuadas e improcedentes por atentatorias a los principios constitucionales de respeto a la privacidad, dignidad y libertad ideológica de la persona, las referencias a las adscripciones políticas de sus familiares" que el fiscal realizada en su escrito de acusación.
De igual modo, asevera que "en ningún caso el Tribunal podrá imponer las penas que solicita el fiscal, pues incurre en el error de aplicar normas penales más desfavorables que entraron en vigor con posterioridad a los nombramientos".
Al hilo, Alonso dice que, "aunque sigue convencido" de que este procedimiento "se resolverá favorablemente", solo podría llegar a ser condenado a la inhabilitación "únicamente para ser consejero durante nueve años como máximo, sin que pueda imponerse limitación alguna" de su capacidad para ser parlamentario u otro cargo público, además de que podrá presentarse "a cualquier cargo electivo, ya que no cabe" sancionarle "con la privación del derecho de sufragio pasivo, por ser esa una pena que no estaba vigente a la fecha de los nombramientos".
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA
En su escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide para Alonso 14 años de inhabilitación y relata que, tras ser nombrado consejero mediante decreto 5/2012, de 5 de mayo, el actual parlamentario socialista andaluz habría "utilizado las facultades que dicho cargo le confería para beneficiar a personas relacionadas con el PSOE con puestos de libre designación y naturaleza eventual".
Y todo ello, según la Fiscalía, "a sabiendas de la absoluta falta de idoneidad de los nombrados para el desempeño de las funciones que dichos puestos tenían asignadas legalmente, así como que, a pesar de percibir los ingresos previstos presupuestariamente para ellos, no las desempeñarían en modo alguno".
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