El presidente Mauricio Macri llamó a las fuerzas armadas a tener una participación activa en la lucha contra el narcotráfico, entre otras líneas de acción fijadas por su gobierno para Argentina, donde los militares tienen prohibida la injerencia en cuestiones de seguridad interior.
"Fijamos tres líneas: caminar hacia una Argentina con pobreza cero, enfrentar y derrotar al narcotráfico y unir a los argentinos. En todas ellas, necesitamos de las fuerzas armadas", dijo Macri en una cena anual de camaradería la noche del lunes.
En Argentina, el accionar de las fuerzas armadas está limitado a la defensa nacional y esta impedido de actuar en temas de seguridad interior, de acuerdo a tres leyes sancionadas durante diferentes gobiernos desde la reinstauración democrática tras la última dictadura (1976/83).
"Siéntanse orgullosos de saber que los argentinos esperan mucho de ustedes", dijo Macri a los oficiales que participaron de la cena realizada en el Edificio Libertador (ministerio de Defensa).
Agregó que "los argentinos necesitamos una participación activa de las fuerzas armadas: para crecer, desarrollarnos y generar empleo tiene que haber paz y tranquilidad en el país y la certeza de que alguien cuida nuestras fronteras", aseveró.
"Unir a los argentinos es un desafío que tiene que ver con dejar la confrontación y buscar la coincidencia y el diálogo", dijo Macri al aludir a un cambio en la política hacia las fuerzas armadas.
El jefe de Estado destacó lo que llamó "una nueva etapa" en el país, en la que instó a los militares a cumplir "un rol preponderante" en ella.
En junio, el mandatario les concedió a la fuerzas armadas la potestad de decidir ascensos, traslados, designaciones y premios, modificando un decreto del expresidente Alfonsín (1983/89).
Otra muestra del cambio de política se vio reflejada en los tribunales, donde varios juzgados federales han decidido desde febrero pasado conceder la prisión domiciliaria a medio centenar de militares y policías que estaban encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la dictadura, que dejó 30.000 desaparecidos.
Si bien la prisión domiciliaria es un derecho de los mayores de 70 años, depende de los jueces de concederlo.
Esto muestra un cambio de tendencia de la doctrina aplicada durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003/2015) que hicieron del tema de los derechos humanos una bandera política que conllevó cientos de juicios y condenas a prisión de represores del régimen militar.
ls/ja
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