"La Asamblea Nacional aprobó ayer un manifiesto golpista", ha dicho en la cadena nacional --discurso de obligada transmisión en directo por radio y televisión-- que ha pronunciado desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, en Caracas, desde donde ha partido hacia Nicaragua para asistir a la investidura presidencial de Daniel Ortega.
Maduro ha insistido en que el Parlamento, controlado desde el 5 de enero de 2016 por la oposición venezolana, pretende ejecutar un golpe de Estado que "no debe quedar impune" y, en consecuencia, ha pedido a los poderes públicos que actúen.
Por parte del Gobierno, ha anunciado la creación del Comando Nacional Antigolpe, que ha quedado instalado este mismo martes con el vicepresidente, Tareck El Aissami, a la cabeza, para "defender el derecho de la sociedad a la paz y a la tranquilidad".
OFENSIVA PARLAMENTARIA
La Asamblea Nacional, en manos de la Mesa de Unidad Democrática (MUD), aprobó el lunes, con 106 votos a favor de los 167 escaños que posee, un proyecto de ley que declara el "abandono del cargo" por parte del líder bolivariano.
Según esta declaración, Maduro "ha abandonado plenamente sus funciones constitucionales en tanto que no cumple con sus deberes" porque "dejó de garantizar alimentos, salud y bienestar a los venezolanos", "no aplica correctivos para disminuir los índices de inseguridad", "viola constantemente los Derechos Humanos", "mantiene secuestrados todos los Poderes Públicos y a la Fuerza Armada" y "ha impedido la realización del referendo revocatorio y de las elecciones regionales".
Esta declaración se apoya en el artículo 232 de la Constitución, según el cual el jefe de Estado es "responsable de sus actos y del cumplimiento de las obligaciones inherentes a su cargo", y en el 233, que contempla la "falta absoluta" por "abandono del cargo", lo cual, estando en los primeros cuatro años de mandato --como es el caso-- permite cesarle y convocar elecciones anticipadas en los 30 días siguientes.
La MUD ya intentó el año pasado declarar la responsabilidad política de Maduro por abandono del cargo, un escalón por debajo de la medida adoptada el lunes, ya que simplemente abría la puerta a que Maduro fuera juzgado por los tribunales venezolanos por la vía administrativa, civil o penal.
Es improbable que esta reprobación surta efecto alguno porque el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) declaró el pasado agosto en "desacato" a la Asamblea Nacional por no cesar a los tres diputados indígenas cuyo escaño está en cuestión por presuntas irregularidades en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015.
Para evitar que el TSJ se escude de nuevo en este asunto, la Asamblea Nacional también votó el lunes a favor de destituir a estos tres diputados, a la espera de que la justicia electoral aclare si su victoria en las urnas fue limpia.
El diputado 'chavista' Héctor Rodríguez ha presentado este martes ante el TSJ un recurso para solicitar la nulidad de esta medida parlamentaria porque no corresponde a la sede legislativa "valorar si le gusta o no la gestión" de Maduro, al tiempo que ha solicitado al alto tribunal analizar la responsabilidad legal de los diputados opositores.
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